Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha se ha reunido con los Grupos Parlamentarios Popular y Podemos para trasladarles la preocupación, tanto de la propia organización como de las cooperativas, por el marco legal que existe en Castilla-La Mancha para el ejercicio de la actividad del suministro de carburantes en las cooperativas. Por parte del Grupo Popular han acompañado a Cooperativas la diputada Lola Merino y el portavoz del PP en Castilla-La Mancha, Francisco Cañizares; y por parte del Grupo Podemos con su portavoz David Llorente Sánchez, Pedro Vozmediano de la Secretaría de Relación con la Sociedad Civil y Movimientos Sociales, y Jorge Acero García, del Área de Medio Ambiente y Mundo Rural.
En concreto el Decreto 33/2005 no permite desarrollar esta actividad a través del modelo de “estaciones desatendidas” y exige que exista una persona responsable todo el tiempo en el que la estación esté abierta. Tal y como afirma el subdirector de Cooperativas, Juan Miguel del Real, “existe en nuestro sector una preocupación real, porque en Castilla-La Mancha son 150 las cooperativas que tiene estaciones de servicio y, de éstas, prácticamente el 90% tienen el modelo de estaciones automáticas ó desatendidas, que no suponen ninguna merma en la atención al cliente y que, de hecho, en muchos municipios es un servicio que sólo prestan las cooperativas”.
Se da la circunstancia de que esta regulación contradice el libre ejercicio de esta actividad y que, además, va en contra de la normativa estatal, que regula su desarrollo a través de distintas fórmulas. Tal y como explica Juan Miguel del Real, “en estos momentos existe una línea marcada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), con un informe publicado a mediados del pasado año, que deja claro que la normativa de consumo de las comunidades autónomas nunca debe invadir competencias de la normativa estatal, ni establecer requisitos adicionales que impidan el libre ejercicio de este modelo de negocio”.
Es más, este hecho lo han corroborado algunos pronunciamientos judiciales, “en concreto la sentencia, reciente, del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, que anula un Decreto autonómico, que también pretendía establecer estas limitaciones”.
Que decida el consumidor
Por ello, Cooperativas Agro-alimentarias aboga por que convivan todos los modelos de negocio al mismo nivel: estaciones tradicionales, estaciones en régimen de autoservicio y estaciones automáticas, “que sea el propio consumidor el que tenga la libertad de elegir qué sistema quiere, cuál le gusta más; además, se da la circunstancia de que estas estaciones sin personal, tienen un coste del producto más barato, con lo cual, de qué mejor manera se puede proteger al consumidor que ofreciéndole un producto a un coste más bajo y con la misma calidad”.
“Entendemos que la normativa que limita esta actividad en Castilla-La Mancha debe modificarse; sabemos que el Gobierno actual está en vías de modificar el Estatuto del Consumidor y demandamos que, paralelamente, se modifique el actual Decreto para que esta barrera que se está produciendo cese y que el consumidor decida libremente qué tipo de modelo prefiere”.
De permanecer este Decreto vigente, supondría un gasto añadido para las cooperativas, “que redundaría muy negativamente en su actividad y en su funcionamiento”.
Tanto el Grupo Parlamentario Popular como Podemos han entendido las peticiones de Cooperativas Agro-alimentarias y se han mostrado de acuerdo en sus argumentos, comprometiéndose a trabajar por que este Decreto se modifique en los términos solicitados.
