Entre los puntos aprobados destacan la adjudicación definitiva del servicio de limpieza viaria y mantenimiento de zonas verdes a la empresa ‘Cespa’, la del Plan Local de Servicios Sociales o el apoyo al impulso de una FP de Enoturismo. Además de otra moción institucional en apoyo a los refugiados sirios y la declaración de Alcázar de San Juan como ciudad de acogida, la integración y aceptación de la declaración del ‘Manifiesto de Santander’ elaborado por infantes y jóvenes, la moción de Equo para la plantación de árboles en los alcorques vacíos y la del PSOE para la derogación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.
Limpieza Viaria
En lo relativo a la adjudicación del servicio de limpieza viaria -asunto que volvía al debate plenario por quinta vez- prosperó con el apoyo del PSOE y la abstención de los grupos de Equo y PP. Por su parte, IU votó en contra de esta adjudicación por considerar que el informe técnico presentado era “parcial y subjetivo” y que, en ningún momento, el equipo de Gobierno ha planteado realizar un estudio encaminado a una posible gestión directa del servicio. Igualmente denunció las prácticas de la empresa adjudicataria en relación al personal y el seguimiento de determinados protocolos en la recogida de residuos, en especial los relativos a animales muertos en la vía pública.
Equo justificó su abstención en la defensa de la gestión pública de los servicios, pero consciente de la necesidad de prestación del servicio de limpieza, motivo por el que no se opusieron a la adjudicación. Sí insistieron en el “control” del cumplimiento, por parte de la empresa, de las prestaciones pactadas; sugiriendo la edición de un folleto explicativo de las funciones que deberá realizar, “para que puedan conocerlas los vecinos”, apuntó el portavoz de esta formación, Juan Garrido.
El grupo popular también se abstuvo con el fin de “no dificultar la gestión”, aunque denunció el retraso con el que se ha producido y la “incoherencia” del equipo de Gobierno optando por una gestión indirecta y “no pública cien por cien, como defendían en su programa electoral”, expresó Diego Ortega, portavoz del PP.
Por su parte, el edil socialista Ángel Rubén Arias, defendió la “imparcialidad” y “legalidad” del proceso de adjudicación, tras la celebración de tres mesas de contratación en la que todos los partidos ratificaron “por unanimidad” los acuerdos, tras conocer los informes técnicos y los pliegos de licitación. También explicó al Grupo Popular la diferencia entre un “contrato por la prestación de servicios” –como es el caso- y la “gestión de un servicio público” como es el caso de Aguas de Alcázar. Un argumento que utilizó para defender que el PSOE “no está incumpliendo su programa electoral”, en el que aseguró que el único compromiso de remunicipalización de “servicio público” que figura es el de la empresa de aguas. También defendió la “inviabilidad” de una gestión directa, ya que la contratación de personal rebasaría el 12,5% de aumento de la masa salarial, cuando la Ley tan sólo permite ampliarla en torno al 1% en los casos de reversión de gestión privada a pública.
Plan Local de Servicios Sociales
Tras debatir y aprobar la evaluación del Plan Anual de Servicios Sociales de 2016, con la abstención del PP y el apoyo del resto de los grupos municipales, se aprobó también –con los mismos votos- el Plan Local de Servicios Sociales para 2017. Un documento calificado por todos los grupos como “ambicioso” por la amplia contemplación de colectivos en riesgo o con necesidad de apoyo social.
Mientras el PP consideró que existe “poca concreción” en los proyectos abordados, como así manifestó en nombre de este grupo Jesús Teodoro Octavio, “mucha literatura que nos genera dudas al respecto del cumplimiento de objetivos”; el grupo municipal de Equo alabó el nivel de los Servicios Sociales alcazareños “a contracorriente” de las políticas que se están llevando a cabo en esta área desde el Gobierno nacional en los últimos años. Francisco García Navas pidió se mejorara la propuesta aplicando la “transversalidad” en la ejecución de los proyectos, en interrelación con otros servicios como los sanitarios o educativos. Por su parte, Maribel Ramos, portavoz de IU, consideró que a pesar de la amplitud contemplada este Plan “es mejorable” y enumeró algunos grupos necesitados de apoyo social que no han sido contemplados, como mayores con escasos recursos y problemas de salud, enfermos crónicos, discapacitados sin recursos y carentes de apoyo familiar o barrios de la localidad con altas tasas de envejecimiento entre su población.
El PSOE destacó que el trabajo de Servicios Sociales y el mencionado Plan forman parte de la estrategia de ciudad “Alcázar Social 2020” y recoge 7 programas (entre ellos los contemplados en el Plan Integral de La Pradera) que se desarrollan a través de 36 proyectos y 244 actividades. Un plan que el concejal de Bienestar Social, Ángel Rubén Arias, consideró “más necesario que nunca” ya que en los últimos tiempos –como así lo ratifica el estado social de la nación- ha aumentado la población en riesgo de exclusión y cercana a la pobreza. También apuntó que el Ayuntamiento cuenta con el respaldo económico de las administraciones provincial y regional para el desarrollo de este plan.
FP de Enoturismo
La Alcaldía presentó a Pleno una moción institucional para impulsar una nueva familia educativa, de grado superior, para formar a profesionales del sector enoturístico. Una rama que a día de hoy no existe dentro de la Formación Profesional española y que constituye una demanda del sector. La propuesta parte de ACEVIN (Asociación Española de Ciudades del Vino) y será presentada en todos los Ayuntamientos que forman parte de esta red, un total de 550 municipios. La petición, tras su aprobación por unanimidad, será trasladada al ministerio correspondiente.
Refugiados
También se aprobó unánimemente la moción encaminada al cumplimiento del Estado español del compromiso de acogida de refugiados y la declaración de Alcázar de San Juan como ciudad de acogida, además de la lucha activa contra la xenofobia.
El objetivo es que se abran las fronteras a los refugiados sirios y se les permita normalizar su vida en los destinos de acogida, entre ellos Alcázar. La petición partió de la asociación alcazareña de apoyo a estos refugiados que se constituyó con el fin de canalizar las ayudas a las personas que huyen de la guerra. Los alcazareños manifestaron rápidamente su solidaridad antes que la UE decidiera cerrar las fronteras y pusiera “un muro” –como dijo la alcaldesa en el Pleno- que ha impedido que Alcázar acoja a estas personas.
Derogación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de los Ayuntamientos
El PSOE presentó a Pleno una moción encaminada a la derogación de la Ley que “está impidiendo a las Administraciones Locales aumentar su masa salarial y está limitando su autonomía, además de quitarle competencias que les eran propias”, expresó la primera edil.
Esta moción fue aprobada con los votos en contra del PP y el apoyo del resto de grupos municipales. El Grupo Popular consideró que la citada Ley “ha servido” para que los Ayuntamientos racionalicen el gasto y consigan la “estabilidad” de las cuentas. Algo que desde el PSOE aseguraron que “no es cierto”. El portavoz socialista Gonzalo Redondo apuntó que “si hemos conseguido estabilizar las cuentas en Alcázar ha sido gracias a una buena gestión y al Plan de Ajuste que hemos puesto en marcha los socialistas, no la Ley del PP que hizo que cerraran las cuentas con un déficit de 6,5 millones de euros”.
Acuerdo Urgente para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado
Por otra parte, la moción del PP encaminada a impulsar a los grupos parlamentarios para alcanzar un acuerdo urgente en materia presupuestaria y permitir que salgan adelante los Presupuestos Generales del Estado para el presente ejercicio, no contó con el respaldo de los grupos municipales que –a excepción del Grupo Popular- votaron en contra de la propuesta.
El PSOE presentó una enmienda transaccional a la totalidad, negándose a apoyar el impulso de los acuerdos “si no se corrigen las políticas de Rajoy y se derogan leyes como la conocida como Ley Mordaza, la reforma laboral o de las pensiones, así como la financiación a las administraciones locales”, expresó Redondo que insistió en que para aprobar unos presupuestos “es necesario negociar y Rajoy no quiero hacerlo, por eso no ha presentado aún unos presupuestos”.
Equo e IU no apoyaron tampoco la moción al entender que significaría apoyar las “políticas de recortes” de los últimos años.
