La Fiscalía archiva la denuncia contra Diego Ortega «por pagos indebidos» a Aguas de Alcázar

La Fiscalía provincial ha decretado el archivo de las diligencias abiertas contra el que fuera alcalde de Alcázar de San Juan, Diego Ortega, y por lo tanto desestimado la causa, al considerar que no se aprecia delito alguno en los hechos denunciados por el Ayuntamiento, el pasado mes de enero, por presunta malversación y prevaricación (debido al «pago indebido» de cuatro facturas a la empresa Aguas de Alcázar S.A., entre los años 2013 y 2014).
    

Ortega, al que le fue comunicado el archivo de la causa ayer, ha ofrecido una rueda de prensa para hacer público el decreto de la Fiscalía. Su intención, dejar claro que todo lo que se hizo en aquellos años, tanto en lo que se refiere al pago de estas cuatro facturas, como a otras actuaciones dirigidas al cambio en el modelo de gestión, «fue legal».
    

El ex-alcalde explica que, en este caso, la Fiscalía ha considerado que ninguna de las conductas, denunciadas por el Equipo de Gobierno actual, fueron constitutivas de delito, ya que, según reitera, todos los trabajos que se realizaron y abonaron posteriormente a la empresa Aguas de Alcázar, «se hicieron con el correspondiente soporte documental y con todos los pasos administrativos que la legislación requiere. Es decir, de acuerdo a lo que marca la ley».Por lo tanto, según afirma, «·queda probado que nunca hubo mal uso de los caudales públicos».
    

En su opinión, esta denuncia, presentada por el Equipo de Gobierno de Rosa Melchor, «sólo pretendía desviar la atención y despistar a la ciudadanía, sobre todo para tapar la mala gestión e ineficacia de un gobierno empeñado en hacer oposición de la oposición».
    

Respecto al proceso de remunicipalización, Ortega considera que simplemente se trata de «voluntad política»; y en cuanto a la creación de una Comisión de Investigación sobre Aguas, aprobada en el Pleno y exigida esta misma semana por los portavoces de Equo e IU, considera que la mejor forma de aclarar las cosas es dejando a los juzgados y tribunales que sigan adelante con su investigación, en cada uno de los procesos que siguen abiertos.

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