El también secretario del PP local considera que la alcaldesa y su Equipo “están faltando al respeto no sólo a los concejales del PP, sino a todos los alcazareños, porque los ciudadanos tienen derecho a conocer toda la información y a saber qué gestión se está haciendo con su dinero”. Octavio ha acusado a los socialista de “desvergüenza política”; y ha explicado que, en reiteradas ocasiones, su grupo municipal ha solicitado información sobre decretos relativos a contrataciones de personal o a adjudicaciones de servicios, “sin obtener más respuesta que el silencio”.
Entre los interrogantes y solicitudes de información planteadas por el grupo popular, Octavio ha pedido que se les de acceso a los expedientes de contratación de dos técnicos especialistas de empleo, un auxililar y tres docentes para cursos de Formación para el Empleo, Atención Sociosanitaria y Gestión Contable. La intención, según Octavio, conocer el procedimiento que se ha llevado a cabo para dichas contrataciones, y otros detalles de las mismas.
Los populares también han preguntado sobre un decreto relativo a una factura de 6810 euros abonada a una empresa andaluza de tratamientos e higiene por diversos servicios prestados, en el que, según Octavio, hay advertencia de disconformidad del Interventor; así como por las bases de contratación de un funcionario interino (ahora impugnadas y suspendidas), “para saber si se hizo de acuerdo con los sindicatos y para saber qué dicen al respecto los informes del Interventor y Jefa de Personal”.
También preguntan por otros dos decretos para las contrataciones de dos auxiliares administrativos, “que quedaron, en la Comisión Paritaria que se celebró, en quinto lugar; pero que fueron contratados sin tener en cuenta a los cuatro primeros”. También sobre el expediente relativo a las facturas que se han abonado o están pendientes para poner en marcha el laboratorio enológico; por la adjudicación directa del programa de educación medioambiental, por 6000 euros, “sin dar publicidad”; y solicitan información sobre una factura mensual que se viene pagando a la consultora Operativo Consulting, de 2.783 euros; y otra factura, de 3.018 euros al mes por servicios de asesoramiento jurídico, a CLF Derecho Público.
Según Octavio, en el pleno del día 30 volverán a preguntar por todos estos decretos y expedientes, esperando obtener respuesta.
