El juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Alcázar de San Juan ha decretado, con fecha 29 de mayo, el sobreseimiento de la querella interpuesta en diciembre de 2012 por el Ayuntamiento y la empresa municipal de Aguas, contra el que fuera alcalde de la localidad y presidente del Consejo de Administración de Aguas, José Fernando Sánchez Bódalo, los entonces concejales Benito Montiel, gerente también en aquellos años de Agua y director general de Industria y Energía, y Ana Belén Tejado; y contra varios responsables y trabajadores de la propia empresa de Aguas y de los Servicios Técnicos municipales.
Después de cinco años de investigación, en los que se ha ido tomando declaración a un total de 18 personas relacionadas con el Ayuntamiento, Aguas, empresa auditora y empresas constructoras adjudicatarias de distintas obras; y después del estudio detallado de abundante documentación, así como de la realización de numerosas pruebas periciales, el juez considera que los hechos denunciados no son constitutivos de delito, por lo que decreta el sobreseimiento provisional de la causa (excepto en el caso de dos de los funcionarios implicados a lo que se seguirá investigando por varias certificaciones de obras); y ordena que se de traslado al Ministerio Fiscal y a las acusaciones particulares personadas para que interpongan, si así lo consideran ante el mismo juzgado, recurso de reforma en el plazo de tres días a contar desde la notificación, así como recurso de apelación, en el plazo de cinco días.
De esta forma, después de cinco años, se archiva la querella contra el ex-alcalde de Alcázar y los concejales mencionados y con ella las distintas imputaciones.
