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El Semanal
Jueves, 13 de julio de 2017
Con los votos a favor de PSOE e IU

El Ayuntamiento acata en Pleno el dictamen del Consultivo e inicia el procedimiento para declarar la lesividad del cambio de gestión de Aguas de Alcázar

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El Pleno de Alcázar de San Juan ha resuelto esta mañana, en sesión extraordinaria, el procedimiento de revisión de oficio de la adjudicación de Aguas de Alcázar, acatando el dictamen del Consejo Consultivo de Castilla La Mancha y acordando, por mayoría, iniciar el procedimiento para determinar si procede declaración de lesividad al interés general de los vecinos por el cambio de gestión del servicio municipal de Aguas a empresa mixta.

Con los seis votos favorables del PP, cinco en contra por parte de Equo, IU y el portavoz del PSOE, Gonzalo Redondo y ocho abstenciones del resto de sus compañeros de grupo, el Pleno Municipal acató el dictamen del Consejo Consultivo de Castilla La Mancha que habla de anulabilidad de la adjudicación de Aguas de Alcázar a FCC Aqualia.

 

Previo a la sesión, los grupos en favor de la remunicipalización de Aguas de Alcázar habían acordado manifestar su desacuerdo con el dictamen con los votos simbólicos (votos políticos) en contra de la resolución del procedimiento de revisión de oficio que inició este mismo organismo municipal y abstenerse para no obstaculizar los trámites administrativos, ya que el dictamen es vinculante y debe acatarse. Finalmente, los tres concejales de Equo votaron en contra de este punto.

 

PSOE, Equo e IU pusieron énfasis en la defensa de lo público. La portavoz de IU, Maribel Ramos, recordó que fueron PP y CxA quienes “privatizaron” la gestión del agua e incidió en la dificultad del proceso de reversión, apostando por “buscar todas las posibilidades” para conseguir la remunicipalización de Aguas; entre ellas la declaración de lesividad, “porque la venta de Aguas fue un expolio y un negocio redondo para Aqualia”. Ramos recordó que el precio de las acciones que FCC Aqualia adquirió ascienden a tan sólo 2,8 millones de euros, frente a otras localidades con gestiones similares en las que la adjudicación está cuantificada hasta doce veces por encima; como es el caso de Miguelturra, donde la adjudicación de este mismo servicio se realizó por 18 millones de euros. Para IU este “precio a la baja” es claramente lesivo para el interés general de alcazareños y alcazareñas.

 

De la misma opinión es el PSOE que subrayó la necesidad de acatar el dictamen del Consultivo para iniciar el procedimiento por lesividad, ya que en este documento se menciona un reglamento municipal que condiciona la gestión del servicio de Aguas “única y exclusivamente” de forma pública cien por cien, a través de recursos municipales. Tanto Amparo Bremard, como Gonzalo Redondo, que hicieron de portavoces de su grupo en los dos puntos debatidos en el Pleno, así como la propia alcaldesa, Rosa Melchor, insistieron en “aprovechar todas las vías” que conduzcan a la liquidación del socio adjudicatario y la vuelta a la gestión pública. Redondo expresó “no estar de acuerdo” con la valoración realizada por tres de los cincos consejeros del consultivo que entienden que Pleno de cambio de gestión y Pleno de adjudicación son independientes; el portavoz socialista insistió en defender el argumento que son procedimientos “estrechamente relacionados” a los que incluso se hace referencia en el contrato.

 

Equo, por su parte, manifestó la “decepción” que ha supuesto para su grupo y los ciudadanos el dictamen del Consultivo y a través de su portavoz, Juan Garrido, advirtieron que el procedimiento de lesividad “llevará años y no habrá sentencia ni en este, ni probablemente durante el próximo mandato”. Este grupo municipal no se mostró optimista con respecto a la remunicipalización y calificó el inicio del expediente como “la vía de lo incierto”; palabras con las que justificó la abstención de su voto respecto a este punto.

 

En cuanto al PP, se opuso al inicio del expediente para la declaración de lesividad considerando que el dictamen del Consultivo “pone fin a los intentos de remunicipalización y demuestra que el cambio de gestión y el contrato con FCC Aqualia se hizo bien y es legal”, defendió el portavoz de este grupo municipal, Diego Ortega. Además, Eduardo García-Villajos defendió que “no existe lesividad” al interés general de los vecinos porque la empresa adjudicataria está realizando inversiones que redundan en la mejora del servicio.

 

El inicio del expediente para la declaración de lesividad al interés general derivada del cambio de gestión de Aguas fue aprobada en Pleno con los diez votos a favor de PSOE e IU, la abstención de los tres concejales de Equo y los seis votos en contra del grupo municipal PP.

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