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El Semanal
Domingo, 13 de agosto de 2017

Luz de La Mancha continúa su labor reivindicativa “más necesaria que nunca por la parálisis institucional”

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La Asociación “Luz de La Mancha” de enfermos mentales ha enviado un comunicado de prensa a través del cual informa que “la parálisis institucional sociosanitaria en relación a la salud mental y la falta de voluntad política en relación a la enfermedad mental, hacen más necesarias que nunca la labor reivindicativa de las Asociaciones de personas con enfermedad mental y de sus familiares”.

Tal como apunta uno de los miembros de la Asociación, Julián Fernández de Quero, "´ésa es la  razón de ser de la Asociación Luz de la Mancha, cuya labor  reside en la defensa de los derechos humanos y la dignidad de las personas con enfermedad mental y de sus familias cuidadoras,  “que, lamentablemente, durante siglos y  aún todavía,  son  víctimas del estigma social que  las condena al aislamiento social y personal, a la vergüenza familiar y a la incapacitación legal que les impide, entre otras cosas,  poder participar en las elecciones democráticas”.

Esta razón de ser  les lleva  a desarrollar múltiples actividades guiadas por varios principios o claves de su actuación que se detallan a continuación:

1.-  Principio de servicio público:  Las enfermedades mentales son, como su propio nombre  indica,  enfermedades que pertenecen al amplio grupo de patologías humanas que deben ser  atendidas, tratadas y  curadas, en el Sistema de Salud Pública que la  democracia ha  convertido en unos de los derechos sociales, junto a la Educación y  los Servicios Sociales  que caracterizan  al Estado del Bienestar  que  hemos creado como expresión política más avanzada de la civilización.  Por lo tanto, todos los recursos y dispositivos que las enfermedades mentales necesitan para su recuperación han de pertenecer al  cuerpo de prestaciones públicas que el SSP  (en nuestra autonomía, el SESCAM) debe prestar a la población.  Estamos en contra de la privatización de estos servicios de salud,  en cualquier de sus formas y   apariencias,  pues la salud es un derecho humano con el que no se puede pretender obtener ningún tipo de beneficio económico.

2.-  Principio de  multidisciplinariedad:  Las enfermedades mentales no se pueden curar utilizando solamente  los tratamientos farmacológicos. Numerosas investigaciones recientes y  prestigiosos profesionales de la salud, vienen planteando el cambio de paradigma en la relación  profesional-paciente, que todavía hoy sigue mayoritariamente basado en la relación psiquiatra-paciente exclusiva y excluyente. Esta relación individualizada ha demostrado ya suficientemente su inoperancia y su ineficacia en los tratamientos.  Sólo el 33 % de los enfermos mentales diagnosticados tienen alguna posibilidad de recuperación y sólo el  13 % de los diagnosticados  de esquizofrenia.  La medicación sirve para  controlar y reducir los síntomas,  pero, además, se hace necesaria la psicoterapia para  la  reorganización de la mente y de sus expresiones emocionales,  es preciso el aprendizaje de habilidades sociales para aumentar la autonomía de los pacientes y  que sean cada vez menos dependientes.  Y, por último, la sociedad  debe crear dispositivos laborales ad hoc que permita a estas personas su integración laboral y social.  Estamos, pues, hablando de equipos profesionales multidisciplinares que deben trabajar en red  y de forma coordinada y colaborativa.

3.-  Principio de  comunitariedad: Cuando hace 30 años se llevó a cabo la Reforma Psiquiátrica, se cerraron los manicomios y se envió a los pacientes a casa para que las familias se hicieran cargo de ellos.  Aquellos que carecían de familias o éstas les rechazaron,  quedaron en la calle como indigentes y excluidos.  Es evidente que ésta no era la alternativa a la reforma, sino que, aplicando los criterios de proximidad  e inserción en el entorno social y familiar del paciente, se  pensó un organigrama de dispositivos y recursos públicos,  distribuidos por áreas sanitarias y  gestionados por el  SSP.  En  Castilla la Mancha  la Ley de Sanidad distribuyó a la población en ocho áreas sanitarias y comenzó a dotar a cada una de ellas de los dispositivos y recursos necesarios para atender a la salud mental, desde esa concepción multidisciplinar de la que hablábamos antes:  Unidades de Salud Mental (Infanto-juvenil y adultos),  Unidades de Conductas Adictivas (UCA),  Centros de Día,  Unidades de Hospitalización Breve para urgencias (UHB),  Unidades de Media Estancia (UME) para recuperaciones de medio plazo,  Unidades de Recuperación y Rehabilitación (URR) de largo plazo,  Residencias Comunitarias,  Centros de Rehabilitación Psicosocial  y  Laboral (CRPSL) y  Centros Especiales de Empleo.  Como se puede ver, el abanico de recursos y dispositivos estaba pensando para una atención integral y completa,  que pivotaba en el principio de comunitariedad, es decir,  era la comunidad de  profesionales, pacientes y familias cuidadoras, los que se hacían cargo del tratamiento y de la recuperación de las enfermedades de manera colaborativa. 

Pero surgieron dos obstáculos para llevar a  cabo  estos Planes de Salud Mental tan bien diseñados.  Uno, fue el modelo tradicional de relación individualista  psiquiatra-paciente, exclusivo y excluyente, que se impuso como modelo de relación hegemónico en el sistema público de salud.  Su práctica implica la exclusión de las familias del tratamiento, a las que no se les tiene en cuenta salvo para que sirvan de base de mantenimiento y cuidado físico de la persona enferma.  Los pacientes son tratados como  objetos pasivos del tratamiento farmacológico, que tienen la obligación de  recibir  obedientemente, sin que su opinión importe demasiado. Y los psiquiatras se convierten en  dioses  de la consulta, a los que nadie controla ni supervisa, que  recetan lo que les parece sin asumir ningún tipo de responsabilidad por los errores que puedan cometer.  Como ya se ha dicho antes, el cambio de modelo que ya se está implantando  permite las evaluaciones anuales independientes del trabajo realizado por cada profesional,  las reuniones mensuales de debate de casos,  la figura del gestor de casos y los equipos multidisciplinares. Además,  la recuperación de la relación comunitaria entre pacientes, profesionales y familias.  Pero es un cambio lento que genera  malestar y litigios entre las partes intervinientes.

A esta dificultad, se suma  la crisis económica que estamos sufriendo con la retahíla de recortes en sanidad, educación y servicios sociales, es decir, desmantelando el Estado del Bienestar. Para los políticos actuales, sean del color que sean, cuando gestionan el poder público, les resulta más fácil y cómodo  adaptarse a los criterios  del neoliberalismo mundial, manteniendo ingresos  públicos escasos y  gastos reducidos al mínimo, dejando en manos privadas la gestión de recursos que antes eran públicos, que responder a la función para la cual la democracia les ha puesto ahí: Servir a la ciudadanía y  promover el bien común. 

El resultado es que, actualmente, los Planes de Salud Mental no se cumplen, la construcción y habilitación de dispositivos está paralizada,  las áreas de salud mental han quedado como referentes, pero el resto de dispositivos se intentan optimizar  los existentes para no gastar en nuevos, es decir,  los criterios de proximidad e inserción en el contexto familiar se están sustituyendo por criterios de centralización y masificación  (como los antiguos manicomios tan denostados) y se obliga a las familias y a los pacientes a viajar  ochenta, noventa y  cien kilómetros para usar dispositivos en Cuenca, en Ciudad Real, en Albacete o en Toledo, con el consiguiente sufrimiento y  trastorno para todos. ¡ Hasta se echa mano de las residencias geriátricas  para  ingresar en ellas a personas con enfermedad mental! Mientras tanto, desde el año 2008 que comenzó la crisis,  los trastornos mentales graves ha aumentado en un 20 %.  Según el Informe del Instituto de Medicina Forense de Ciudad Real, durante el año 2015, los ingresos por urgencias de salud mental aumentaron un 27,5 %  y según la memoria anual de Salud Mental España relativa a 2016, hay un millón de  personas con enfermedad mental en España, de las que, el 33 %  no han accedido al circuito sociosanitario, bien porque los pacientes se niegan a ir a consulta, bien porque  los dispositivos no llegan a ellos por falta de personal y recursos.

En este contexto, la razón de ser de la Asociación Luz de la Mancha adquiere aún más sentido.  Defender los derechos humanos y la dignidad de las personas con enfermedad mental y de sus familias es primordial  frente al abandono, descuido y exclusión social al que están abocadas la mayoría. Una lucha que necesita del apoyo social  y  por eso, os invitamos a formar parte de ella, bien como socios, bien como colaboradores. 

Fdo:  Julián Fernández de Quero.  Miembro de la Junta Directiva

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