El juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 3 de Alcázar de San Juan ha citado el 13 de noviembre, a la alcaldesa de Alcázar de San Juan, Rosa Melchor y a la secretaria municipal actual del Ayuntamiento, Montserrat Santiago, como querelladas, para ser oídas en declaración, dentro de las diligencias previas incoadas en el procedimiento abierto tras admitirse, el pasado mes de mayo, la querella por presunto «acoso laboral» que a finales de marzo presentó el funcionario de carrera con habilitación nacional C.L.G.
Días antes, el 10, deberán acudir, también para declarar, como testigos, el que fuera concejal de Personal y Régimen Interior cuando ocurrieron los hechos denunciados, Ángel Rubén Arias; y Juan Garrido, concejal de Equo, porque en su día, como miembro de la oposición, pidió explicaciones por escrito al concejal sobre «los cambios y reducciones de personal» que al parecer se estaban produciendo en la Secretaría municipal.
HABILITADO NACIONAL
Según se recuerda en el texto de la querella, el denunciante, funcionario de carrera de la Escala de Funcionarios de la Administración Local con Habilitación de carácter Nacional, por orden de 3 de octubre de 2016 y actual secretario del Ayuntamiento de Villarrubia de los Ojos, se incorporó a la Secretaría del Ayuntamiento de Alcázar el 3 de noviembre de 2016, ocupada desde octubre de 2013 y hasta entonces, de manera accidental, por la funcionaria municipal Montserrat Santiago, quien antes había ejercido como técnico de Gestión. López Guerrero ejerció como secretario apenas unos meses, causando baja por enfermedad el 1 de diciembre, «por un trastorno de ansiedad excesiva, problemas gastrointestinales y mareos, teniendo que ser tratado con ansiolíticos y antidepresivos», según se explica en la querella, donde se relaciona su baja médica con una serie de hechos «que podrían ser constitutivos, de un supuesto delito de acoso laboral».
Entre los hechos que motivan la interposición de la querella, LG apunta que ya antes de su incorporación a la Secretaría del Ayuntamiento se llevaron presuntamente a cabo algunos cambios relevantes para dificultarle sus funciones, como la reducción drástica del personal adscrito a dicho servicio y mobiliario, el vaciado de la documentación que había en armarios y cajones y la retirada de las claves para acceder a las bases de datos jurídicas a las que está suscrito el Ayuntamiento. Medidas que el propio denunciante pidió a la alcaldesa que fueran corregidas, ·con el deseo de seguir ejerciendo las funciones de Secretaría en iguales condiciones que la secretaria anterior·, pero que, según se recoge en la querella, no fueron atendidas por la primer edil, quien además, según el querellante, pronunció frases «enérgicas» («aquí mando yo» o «vete a otro Ayuntamiento», entre otras, según recoge la querella) cuando LG le preguntó por la productividad.
A todo ello, se suman, según el exsecretario, diversos ajustes de personal, con nombramientos por decreto, para la reorganización del servicio de Urbanismo, donde se le revocó la comisión de servicios a la administrativa que venía ejerciendo de Jefa de Servicios, para volver a concedérsela a la hasta entonces Secretaria municipal, quien pasó a ser Jefa de Urbanismo, «sin el previo procedimiento selectivo». «Un puesto que no es el que recoge la RPT del Ayuntamiento» para esta funcionaria, según el denunciante.
Como consecuencia de estos y otros hechos, según el querellante, el secretario «se vió obligado el 1 de diciembre de 2016 a causar baja por estrés laboral; cursando alta meses depués para tomar posesión en el Ayuntamiento de Villarrubia de los Ojos donde trabaja actualmente.
Melchor confía en la Justicia y espera que todo se resuelva
La alcaldesa, Rosa Melchor, aunque ha preferido no hacer declaraciones ni valorar las acusaciones planteadas en la querella de LG, porque considera que se trata de un asunto interno del Ayuntamiento, indica, a través de su gabinete, que se siente tranquila y confiada en la Justicia.
En su opinión, se trata de un asunto laboral con el funcionariado que los tribunales deberán dirimir. Algo que espera que se resuelva pronto para causar los menos perjuicios posibles a la Administración Local.
