CCOO aplaude y agradece profundamente la actuación encomiable, rigurosa y exhaustiva de la Inspección de Trabajo en la investigación, durante más de un año, de las prácticas laborales irregulares, presuntamente delictivas, del empresario Alejandro de Miguel.
La labor de la Inspección, atendiendo a las denuncias de CCOO, ha culminado, de momento, con la remisión a la Fiscalía de un amplio y detallado informe que apunta la comisión por parte del afamado modisto toledano de un presunto delito del artículo 311 del Código Penal, contra los derechos de los trabajadores. En este caso, contra los derechos, sobre todo, de mujeres trabajadoras, pues son mujeres casi todas las empleadas del señor Alejandro de Miguel.
Le corresponde ahora al ministerio público valorar el informe de la Inspección y las pruebas que lo respaldan; y actuar en consecuencia.
La crisis económica y la degradación del marco laboral de nuestro país, a base de reformas legales encaminadas a desmantelar los mecanismos de defensa y protección de los derechos de los trabajadores, han propiciado, facilitado e incluso alentado la extensión de los abusos empresariales, hasta rebasar incluso el Código Penal.
El caso de Alejandro de Miguel se inicia cuando comienzan a llegar al sindicato denuncias de trabajadoras atemorizadas que relatan cómo se ven obligadas a firmar nóminas por cuantías que realmente no cobran; a realizar horas extras no remuneradas; a renunciar a los pluses y pagas extras establecidos en el convenio…
Estas prácticas están demasiado extendidas. Son numerosos los trabajadores que las sufren en empresas en las que, directamente, no existe el Estado Social, Democrático y de Derecho. Los derechos de los trabajadores se quedan fuera, en la puerta.
CCOO no va a dejar de luchar frente a estos ‘empresarios’, que abusan de sus trabajadores y denigran a todos los demás. En ese combate, el esfuerzo, el compromiso de la Inspección de Trabajo es capital. Pero no sólo de la Inspección. Los esfuerzos conjuntos del sindicato y de la Inspección son demasiado a menudo insuficientes, incluso cargados de razones y poniendo el máximo empeño.
Basta recordar que, sin salir de Miguel Esteban -el pueblo de Toledo donde tiene su taller Alejandro de Miguel-, el delegado provincial del Ministerio de Empleo sobreseyó de forma arbitraria el contundente informe de una inspectora sobre las prácticas contra los derechos de los trabajadores -y contra los intereses de la Seguridad Social- de otro ‘empresario’, también del sector textil. Y no contento con dar carpetazo al asunto, el delegado en cuestión, ex alcalde del citado municipio y familiar del empresario denunciado por la Inspección, forzó el cese de la Inspectora, a la sazón responsable regional del cuerpo de Inspectores de Trabajo y de la Seguridad Social.
Es imprescindible que no sólo la Inspección, sino el conjunto de los poderes públicos, así como los empresarios honestos (la inmensa mayoría), se impliquen también activamente en la batalla para erradicar de nuestras empresas las prácticas abusivas, explotadoras, contrarias a la ley (los convenios colectivos también son Ley).
Esta misma semana, CCOO ha presentado varias denuncias ante la Inspección de Trabajo por actuaciones empresariales contra los derechos de los trabajadores. Hoy mismo, CCOO de Toledo ha convocado una concentración frente a una cadena de pizzas que, además de incumplir el convenio de arriba abajo, despide a los jóvenes trabajadores que se atreven a expresar su queja por los abusos que sufren.
Hoy mismo, en otra empresa de la región (ANRO, Tomelloso) se inicia, por primera vez en sus dos décadas de historia, un proceso electoral para que sus trabajadores elijan a sus representantes. Hasta ahora había sido imposible, el único intento precedente se saldó con el despido de los candidatos.
Hoy se constituye la mesa electoral, pero ANRO ha vuelto a hacer lo mismo: ha despedido a dos candidatos de CCOO y, de paso, a la compañera de uno de ellos; que, para más inri, se encontraba de baja por maternidad.
