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El Semanal
Martes, 13 de marzo de 2018
A preguntas de los medios sobre la reapertura del debate de la prisión permanente revisable

El presidente de C-LM defiende que la justicia vaya “al límite” de lo que permite la Constitución en aquellos delitos que tienen especial alcance social

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El presidente de Castilla-La Mancha se ha mostrado partidario de llegar a un acuerdo a nivel nacional sobre el alcance de las penas para diferentes delitos en nuestro país, caso del terrorismo o la violencia machista.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha defendido hoy que el sistema judicial español vaya “al límite” de lo que permite la Constitución en aquellos delitos “que tienen especial alcance social”, de manera que la sociedad pueda protegerse puesto que “no todos los delitos son igualmente graves”, ha considerado.
 

Así lo ha señalado hoy en Almansa a preguntas de los medios de comunicación sobre la prisión permanente revisable, la máxima pena privativa de libertad que existe en el Código Penal español, durante la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno de carácter itinerante que este martes se ha celebrado en esta localidad albaceteña.
 

La prisión permanente, aprobada en el Congreso de los Diputados el 26 de marzo de 2015  como parte de la Ley de Seguridad Ciudadana, ha vuelto al debate social tras la reciente muerte del pequeño Gabriel Cruz, de ocho años, un hecho que el presidente regional ha lamentado profundamente, y ante cuyo desenlace –ha recordado– se sintió “conmocionado”.
 

Por este motivo, García-Page ha hecho un llamamiento para que ningún partido político ni institución “utilicen el dolor como arma arrojadiza, pues eso nunca ha traído buenas consecuencias”.
 

Asimismo, ha considerado que las penas “tienen que ir proporcionadas” al daño emotivo que también sufren la familia y la sociedad, y aunque ha defendido la función rehabilitadora de la pena, ha destacado que debe cumplir también otras funciones como la del castigo y la prevención.
 

Por ello, se ha mostrado partidario de un acuerdo nacional para que en determinados delitos como el terrorismo y la violencia de género, que generan una necesaria pedagogía, “la aplicación de la pena se lleve al límite constitucional”, y ha mostrado su interés en saber “qué dice” el Tribunal Constitucional sobre la legislación actual.

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