La Junta de Personal de la Administración General del Estado en Ciudad Real expresa su total apoyo y comprensión a las movilizaciones que los empleados públicos de Instituciones Penitenciarias están llevando a cabo, en demanda de unas mejoras en sus condiciones de trabajo que desde hace años se les vienen negando, y que proseguirán mañana, día 26 en los centros penitenciarios de toda la región: Herrera de la Mancha y Alcázar de San Juan, en Ciudad Real; 'La Torrecica' en Albacete; Ocaña I y Ocaña II en Toledo y Cuenca, con aviso de nuevas huelgas para los días 6, 8, 13 y 15 de noviembre.
Este órgano de representación denuncia el abandono y la falta de respeto que este colectivo de trabajadores viene sufriendo por parte de los dirigentes del Ministerio del Interior, y más en concreto de la Secretaría General Instituciones Penitenciarias, que le han negado sistemáticamente cualquier posibilidad de diálogo y negociación. Esta lamentable situación es la que ha llevado a nuestros/as compañeros/as a protagonizar multitud de actos de protesta por todo el país, con encierros, encadenamientos, manifestaciones y concentraciones.
Pese a que el actual ministro del Interior ha manifestado en diferentes ocasiones la necesidad de solucionar este conflicto y que la nueva Administración Penitenciaria había abierto una puerta para el diálogo, acorde con las declaraciones del ministro, el Secretario General del organismo, "de forma súbita e irresponsable, retiró el día 28 de septiembre pasado la oferta presentada tres días antes, alegando que Función Pública ha indicado que el procedimiento seguido no era correcto. En dicha oferta se ofrecía un montante global de 122.646.399 euros, a repercutir en el complemento específico mediante la reclasificación de las categorías".
Subida de 375 €
CSIF reclama al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, una rectificación para asumir la subida salarial del personal de Instituciones Penitenciarias. El ministerio ofreció una subida media de 375 euros lineales al conjunto de la plantilla de Prisiones, que se haría efectiva a lo largo de 2019, 2020 y 2021, lo que supone una oferta global de 122.646.399 euros. Sin embargo, esta oferta ha sido retirada porque la partida económica no ha sido autorizada, lo que "ha supuesto una falta de respeto a los funcionarios de prisiones, ya que la brecha salarial dentro de este colectivo puede alcanzar los 700 euros en la realización de las mismas funciones", explica Roberto Sánchez-Pacheco, delegado sindical de CSIF de Instituciones Penitenciarias.
Además, existen más de 3.000 plazas sin cubrir en todo el territorio nacional y se suma el hecho de contar con una plantilla envejecida. Asimismo, el personal de prisiones sufre de media una agresión al día en España, por lo que "resulta imprescindible el reconocimiento de la condición de agentes de la autoridad para poder trabajar con mayor seguridad y que desaparezca la sensación de impunidad que tienen los internos al causar las agresiones", añadía Sánchez-Pacheco.
