Desde la Asociación para la Defensa de los Derechos de los Abogados, en constitución, y en adelante, DEFENDA, mostramos nuestras más rotunda y absoluta desaprobación a la práctica totalidad de las medidas propuestas por el CGPJ al suponer un atentado contra nuestro Estado social y democrático de Derecho.
Como colectivo de “primera línea” en la prestación de un servicio público de la Justicia debemos continuar defendiéndolo y no podemos permitir que se vulneren derechos fundamentales y, entre ellos el derecho a la tutela judicial efectiva, el derecho a un debido proceso, el derecho de defensa y el derecho de igualdad de todo justiciable y, siendo nosotros, los Abogados la voz de éstos, debemos ser escuchados.
Sorprende la batalla de medidas propuestas bajo el taimado argumento de la agilización y la economía procesal efecto de la actual crisis sanitaria por el estado de alarma decretado ante la pandemia del COVID-19. Todos sabemos que la agilización de la Justicia se precisaba desde hace mucho tiempo atrás; este colectivo y el de Procuradores e incluso los propios justiciables, ya se manifestaron al respecto; y nadie les escuchó.
La situación actual de crisis social, económica y sanitaria lo que exige de sus instituciones es un compromiso real de, “en aras al beneficio del pueblo”, se adopten cuantas medidas, normas y ayudas sociales, económicas, sanitarias, dotacionales, etc., se precisen para ayudar, en igualdad de condiciones, a todos los colectivos que componen la sociedad española: TODOS.
No se puede continuar obviando que, los Abogados somos también, junto con los Jueces, Magistrados y, Letrados de la Administración de Justicia, operadores jurídicos imprescindibles, somos esenciales, a pesar de que el trato dispensado hacia nuestras personas y nuestra profesión no sea reflejo de dicho status; tal y como acontece en la inmensa mayoría de las propuestas planteadas por el CGPJ. Las medidas propuestas se han realizado unilateralmente, sin consenso alguno, y sin tener en cuenta lo que un gremio como el nuestro y el de los Procuradores tienen qué decir al respecto.
No es mera sorpresa, sino estupefacción la reacción provocada tras una lectura detenida de las medidas propuestas, pues se atisba, al menos de forma indiciaria, y siempre presuntamente, una clara reforma legislativa encubierta, utilizando como pretexto las circunstancias excepcionales consecuencia de la pandemia global padecida y, no asumiendo, como ya hemos puesto de manifiesto que, “el atasco e ineficacia cotidiano y habitual” de los órganos de la Administración de Justicia no son ex novo, ni efecto directo de la actual crisis, en todo caso, ésta ha permitido que el CGPJ tome consciencia de la problemática existente y denunciada desde hace mucho tiempo atrás, en la Administración de Justicia española; pero la vía adoptada para su resolución no es la adecuada; no cabe pretender una reforma extraordinaria de urgencia dada la trascendencia de las medidas propuestas; éstas deben ser estudiadas y debatidas en una reforma legislativa seria y ambiciosa que realmente vele por la JUSTICIA y por una administración y gestión de la misma ágil y eficiente.
No puede obviarse, pues llama poderosamente la atención que la mayoría de las “medidas” se propongan con carácter permanente en un escenario coyuntural, es decir, no estamos ante propuestas exclusivamente para paliar los efectos provocados por el Covid-19; estamos ante una verdadera reforma legislativa permanente que no ha sido consensuada y que pretende burlar el procedimiento legislativo ordinario establecido.
Desde DEFENDA, solicitamos que por los organismos competentes (Ministerio de Justicia, Tribunales Superiores de Justicia de las respectivas CCAA, Consejo General de la Abogacía Española, los respectivos Consejos Autonómicos de Colegios de Abogados y los respectivos, Ilustres Colegios de Abogados), muestren públicamente su disconformidad con las medidas propuestas por el CGPJ en este primer documento de trabajo, adoptando las medidas oportunas y realizando las actuaciones pertinentes para defender los derechos y garantías reconocidos constitucionalmente para todo justiciable y, se reconozca y proteja a nuestro colectivo profesional como agente jurídico esencial en la Administración de Justicia.
