El Pleno aprueba el acuerdo para resarcir patrimonialmente a Aqualia y remunicipalizar Aguas de Alcázar

El Pleno de Alcázar de San Juan aprobó ayer en sesión extraordinaria una resolución para liquidar el contrato suscrito con Aqualia, resarcir a la mercantil desde el punto de vista patrimonial y dar un paso definitivo en la recuperación o remunicipalización de la empresa Aguas de Alcázar. Procedimiento de liquidación aprobado en virtud de la sentencia dictada por elTribunal Supremo que declara nulo el Pleno celebrado el 24 de julio de 2014 y por tanto el acuerdo de adjudicación en favor del socio privado (aprobado por el gobierno PP y CXA).

De esta forma, la alcaldesa queda facultada para firmar el acuerdo transaccional alcanzado entre las partes de forma pacífica, según el cual, la parte pública devolverá a la parte privada “la misma cantidad de euros que puso cuando llegó”. Cifra que, según detallaron a lo largo del Pleno tanto la alcaldesa, Rosa Melchor, como el portavoz socialista, Gonzalo Redondo, asciende a unos 5,3 millones de euros. “La sentencia nos obliga a resarcir a Aqualia en las mismas cantidades que ella aportó, pues la adjudicación fue nula… Para calcular la cifra debemos tener en cuenta que PP y CxA no sólo vendieron Aguas, sino que además pidieron un préstamo de 6,5 millones al 4% de interés… Y ahora, tenemos que devolver 2,5 millones que faltan por pagar de ese préstamo (del que, por cierto, ya hemos pagado 4 millones de euros, más un millón de intereses); más 1.700.000 euros de canon anticipado, 66.000 euros por el valor nominal de las acciones; 1.075.000 euros por la prima de emisión y 13.000 euros de la participación en reserva. En total 5,3 millones, a los que además habrá que sumar la liquidación de los beneficios obtenidos en 2021 hasta la fecha de liquidación del contrato.

Cifra para la remunicipalización de Aguas que el Ayuntamiento cubrirá con dos operaciones de crédito concertadas a principios de año con dos entidades bancarias, al 0,66 y 0,67% de interés; y que, según destacó Redondo, debe ponerse en contraposición con lo que “la venta de Aguas nos ha costado, pues aunque el PP diga que no han subido los recibos y el cambio de modelo de gestión no ha costado un duro a los ciudadanos, los vecinos deben saber que en estos seis años y medio, hemos tenido que quitar de sus bolsillos: 2.787.000 euros pagados en concepto de feed de gestión; el préstamo, del que ya llevamos amortizados 4 millones de capital al 4%, es decir con 1.115.000 euros de intereses; 1.073.000 en dividendos; y 4.800.000 euros que hemos tenido que pagar por la tasa de alcantarillado, 800.000 euros por seis años. En total, la venta nos cuesta 9,7 millones que los vecinos y este Ayuntamiento hemos tenido que pagar a Aqualia, sacándolo del Presupuesto municipal…. Y además, en relación al recibo del agua, no es cierto que no haya subido como dice el PP, porque también en esto los vecinos deben saber que han estado soportando el 10% de IVA, impuesto que no se pagaba cuando la empresa era 100% pública y que en total ha supuesto otros 400.000 euros del bolsillos de los vecinos”.

Al margen de las cifras, en la sesión volvieron a escucharse los posicionamientos políticos de todos los grupos municipales respecto al cambio de modelo de gestión en la empresa de Aguas. IU y Equo, implicados en la lucha por el agua desde el principio como servicio público esencial, volvieron a poner sobre la mesa su apuesta firme por la gestión directa, con palabras de reconocimiento hacia la Plataforma del Agua y hacia todos los colectivos y personas que durante estos años han mostrado su compromiso con esta causa, participando en concentraciones y en multitud de actividades para mantener viva la idea de la remunicipalización. Reconocimientos, pero también dudas respecto al proceso que ahora se inicia con la marcha de Aqualia. La concejala de Equo, Elisa Diaz, pidió en este sentido que se convoque a la Mesa del Agua y se cuente e informe a la Plataforma, a los colectivos sociales y a los grupos de la oposición de las decisiones que se vayan tomando. También propuso la fórmula de entidad pública empresarial local "para que la gestión de Aguas de Alcázar sea verdaderamente pública, directa, participada y transparente", evitando así cualquier tentación enajenadora al ser la propiedad del pueblo y ser necesaria la consulta pública.

Ciudadanos, por su parte, volvió a manifestarse a favor de la remunicipalización, “porque así lo quiere la mayoría de vecinos o al menos los que más se han hecho oír”, dijo su portavoz Francisco Sánchez, quien explicó que para su grupo lo importante es la calidad del servicio, “que el agua llegue a las casas y el recibo no suba; es decir, que el servicio sea bueno y la gestión eficiente”.

El grupo Vox, con María Jesús Pelayo como portavoz, exconcejala del PP y teniente de alcalde en la legislatura gobernada por PP y CxA, aseguró estar a favor del acuerdo económico, pero planteando diversas dudas respecto al denominado “lucro cesante”, pues, en su opinión, el socio privado puede reclamarlo vía judicial. Preguntó por qué no existen informes jurídicos de los técnicos municipales en el expediente de liquidación que contemple esta cuestión, “pues puede salirnos muy caro y terminar arruinando el Ayuntamiento” (según sus cálculos, 9.790.198 euros); y cuestionó la futura composición del Consejo de Administración de Aguas o el nombramiento del próximo gerente. Lucro cesante que, según las explicaciones escuchadas a lo largo del Pleno desde la bancada socialista, no puede reclamarse (ni emitirse por la tanto informes sobre el mismo), al considerarse nula la adjudicación y por tanto el contrato.

El PP también insistió en sus argumentos en relación a la gestión del agua. El portavoz actual, Eduardo García Villajos, se reafirmó en las posturas populares. Defendió una vez más la operación y la entrada de capital privado como única solución para dar viabilidad a una empresa de Aguas en quiebra; y afirmó con rotundidad que "el PP no va a pedir perdón por salvar una empresa que los socialistas dejaron arruinada en 2011”. Afirmación que enlazó con las habituales acusaciones del grupo mayoritario de la oposición hacia la agrupación socialista a quien culpó, como ya hiciese en anteriores plenos, de "la mala gestión de la crisis sanitaria, del cierre de pymes, de no dar ayudas directas a los autónomos, del recorte en las subvenciones a colectivos como Cáritas y de las colas del hambre" (inexistentes en Alcázar, según explicó después la alcaldesa, aunque muy utilizadas como recurso dialéctico desde el grupo popular).

Desde las filas socialistas, además de las explicaciones técnicas del procedimiento de liquidación, el portavoz Gonzalo Redondo hizo un detallado repaso de la lucha del agua desde el punto de vista jurídico, pues, tal y como recordó, han sido muchos los procedimientos, recursos y movimientos de juzgados y tribunales registrados a lo largo de estos años. Todos, según subrayó, promovidos desde el partido socialista, por la alcaldesa, concejales o exconcejales (incluido él mismo) a quienes quiso agradecer su esfuerzo, compromiso y dedicación, especialmente a Melchor y al concejal de ciclo Hidráulico, Javier Ortega, de quienes alabó el trabajo de negociación pacífica con la empresa llevado a cabo en estos últimos cinco meses.

En cuanto al argumento del PP y en relación a la “falsa situación de quiebra que PP y CxA provocaron para justificar la venta de Aguas”, Redondo explicó una vez más que “PP y CXA lo que hicieron fue transformar la deuda que la empresa tenía y pasarla del medio al corto plazo, como si a alguien que tiene una hipoteca a 30 años le dicen que tiene que pagarla en pocos meses… Para así estrangular económicamente a la empresa y buscar una coartada para meter en la cárcel a los anteriores gobernantes socialistas, Sánchez Bódalo, Montiel y Tejado, quienes, años después, fueron absueltos al archivarse la causa… Una operación en la que ya estaba, como abogado en la sombra el señor García-Villajos, quien curiosamente prestó en ese tiempo servicios de asesoramiento para Aguas de Alcázar”.

En resumen, la alcaldesa, Rosa Melchor, queda facultada para firmar con el socio privado el acuerdo económico por el que el Ayuntamiento recuperará el 100% del capital de la empresa de Aguas. Un acuerdo con el que “Alcázar de San Juan está de enhorabuena, porque se recupera lo que es nuestro, demostrando que la venta-regalo que el Partido Popular hizo a Aqualia, con mentiras y a espaldas de los vecinos, hace ocho años fue un fracaso, y que gracias a la lucha y el tesón, lo que hoy se aprueba es un éxito colectivo y democrático”.