Según ha detallado, la investigación de la Fiscalía se fija en el abono de cuatro facturas concretas: La primera, de 19 de marzo de 2014, por trabajos de alcantarillado realizados en 2013, por un importe de 188.285,28 euros (para cuyo abono, según García-Villajos, existía el crédito correspondiente, por lo que se reconoció el pago por decreto de la Alcaldía de 1 de septiembre de 2014); la segunda, también del 19 de marzo de 2014 y por trabajos de mantenimiento en edificios llevados a cabo en 2013, por un importe de 345.731,16 euros (la cual, según el abogado popular, fue reconocida en el Pleno de 30 de septiembre de 2014 sin que fuera impugnada por el PSOE, entonces en la oposición); la tercera, de 1 de octubre de 2014, también por trabajos de mantenimiento en edificios públicos, realizados entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2014, en este caso por 265.570,03 euros (reconocida también en Pleno, según García-Villajos, el 19 de diciembre de 2014, sin que tampoco fuera impugnada entonces por la oposición); y la cuarta, también del 1 de octubre de 2014, por trabajos de alcantarillado correspondientes al período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2014, por un importe de 71.102, 77 euros (reconocida también en el Pleno de 19 de diciembre de 2014, sin impugnación de la oposición, según el edil popular).
Todas estas facturas y los documentos que acreditan su contabilidad forman parte del expediente que actualmente se encuentra en manos de la Fiscalía provincial, por lo que, según García-Villajos “queda demostrado que los pagos fueron debidos” y que, por tanto, no se hizo nada fuera de la legalidad. “Ortega está tranquilo ante esta investigación porque esas facturas se debían desde el Ayuntamiento, corresponden a trabajos que había realizado la empresa de Aguas y que, por tanto, había que pagar. Los trabajos están legalizados y la actuación fue legal y coherente. Por tanto, no existe causa; y confiamos en el archivo de las diligencias”, ha manifestado.
García Villajos ha incidido en que “todas esas facturas y las demás cuentas del Ayuntamiento están en el Tribunal de Cuentas y en el Ministerio de Hacienda y no han sido impugnadas. Lo que quiere decir que había que pagarlas”. “Diego Ortega pagó lo que el Ayuntamiento debía en forma de compensación; y en el expediente de este caso también constan los documentos de compensación correspondientes; no así los de ninguna transferencia real de dinero, porque se hizo mediante compensación para que la deuda fuera menor”, ha explicado.
“Dice el PSOE que ellos, en 20 años, nunca pagaron el agua y se beneficiaron gratis del mantenimiento de edificios y alcantarillado… Y claro, eso generó la famosa deuda de 8 millones de euros que llevó a la empresa a una situación de quiebra por estar en causa legal de disolución, ya que tenía más deuda que capital”, ha señalado, considerando que “ de esos desmanes del PSOE cuando gobernaba viene la situación actual”. “No es cierto, además que con esas facturas se cubriera la deuda, como dice la alcaldesa Rosa Melchor, esa deuda de Aguas ya se auditó en 2013. Y no es que lo digamos ahora nosotros, sino también lo dicen los tribunales y varias sentencias que, efectivamente, confirman que la empresa estaba en causa legal de disolución”, ha apuntado, recordando que actualmente siguen abiertos procedimientos de investigación sobre Aguas de Alcázar, en el juzgado número 2 de Alcázar, “de los que, claro, como no está metido Diego Ortega, Rosa Melchor no dice nada”.
Para el también vicesecretario del PP en Alcázar, “Rosa Melchor ha estado mintiendo a la opinión pública, porque no ha dicho que esas facturas no fueron impugnadas en su día por el PSOE”. En su opinión, y en la de su representado, todo responde “a una artimaña política del PSOE para incriminar a Ortega, porque ya estamos en el año 2017 y la gran promesa de la remunicipalización de Aguas no se ha cumplido; ni la de la Enológica, que no va a estar abierta en primera, por mucho que ella diga; ni del pabellón; ni de la Plataforma Logística, de la que no sabemos nada”.
“Lo cierto, ha continuado García-Villajos, es que en estos años, el Gobierno de Melchor no ha hecho ni una sola inversión; ni está pagando a las asociaciones, ni a los proveedores… Estamos ante un Gobierno desgastado que sólo sabe perseguir a los contrincantes políticos, con artimañas para distraer a los vecinos, quienes, por cierto, ya conocen quién es Melchor y a qué se dedica, a sacar balones fueras en lugar de gestionar”.
Contestando a preguntas de El Semanal, respecto al soporte documental de los trabajos realizados y abonados mediante las facturas objeto de investigación, así como por el informe desfavorable que en su día emitió el interventor, García Villajos ha explicado, por un lado, que el arquitecto municipal “no podía certificar porque no era una inversión, pero en el expediente consta toda la documentación acreditativa de los trabajos con las firmas de otros técnicos o concejales”; y, por otro, que “el informe del interventor fue desfavorable, porque no había fondos”. “Algo habitual que se hace, como trámite administrativo, para después pasar a la habilitación de créditos (en este caso, en el pleno de diciembre de 2014)”.
