Vox pregunta en el Congreso "por los puestos irregulares de dos directivos en Alcázar"

Chamorro explica que ya en dicha fecha de 2019, el Grupo Municipal de VOX, encabezado por la concejala María Jesús Pelayo, denunció, en rueda de prensa, que "el Ayuntamiento no tiene competencia para crear esos puestos de trabajo, pues la Ley otorga competencias solo al Estado y a las Comunidades Autónomas, la regulación del personal directivo se tiene que dar por la Junta de Comunidades y no por un Ayuntamiento y citó el Boletín de Castilla La mancha de 7 de agosto donde se publica el estatuto de la Dirección Publica Profesional de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha decreto número 215."

Vox considera que "la iniciativa de creación de esos dos puestos directivos surgió desde la Alcaldía socialista, a pesar de contar con informes iniciales desfavorables de secretaria e intervención". "Además, no se dudó en dictar los decretos necesarios para cambiar a los funcionarios que ocupan accidentalmente puestos de trabajo reservados a habilitados de carácter nacional. Estos acuerdos tenían como objetivo regular su personal directivo, y en última instancia, aprobar la inclusión de esos puestos de directivos profesionales en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), que se acompaña en los presupuestos municipales de 2020, a pesar de suponer un incremento de la masa salarial del 13,85%, y en contra de lo establecido en la LPGE de 2018. (Acuerdo de pleno de 28.01.2020)", señala el diputado de Vox.

"Ante la situación irregular expuesta y causa de la inactividad de la Corporación de Alcázar de San Juan a las demandas del Grupo Municipal de VOX ante la irregularidad del procedimiento, se dio traslado de los hechos a la Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real, la cual procedió, en el ejercicio de sus competencias, a requerir al Ayuntamiento de la Corporación Local de Alcázar de San Juan que anulara los acuerdos de fecha 30.07.2019, en virtud de los cuales se modificó la RPT del municipio, así como el acuerdo de aprobación definitiva en pleno de 24.09.2019, concediendo un plazo máximo de 30 días para llevar a efecto tal requerimiento", indica Chamorro, quien añade que "a pesar de lo expuesto, todavía no se ha realizado, a fecha de hoy, actividad alguna por parte del Ayuntamiento".

Por lo anterior, a petición del Grupo Municipal de VOX de Alcázar de San Juan, el Grupo Parlamentario de VOX en el Congreso de los Diputados, ha preguntado al Gobierno:

1. ¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno de la Nación ante la expuesta extralimitación competencial de la Corporación Local de Alcázar de San Juan?

2.- ¿Va a proceder el Gobierno de la Nación a requerir a la Corporación Local de Alcázar de San Juan a que anule los acuerdos anteriormente mencionados en el expositivo, de conformidad con el artículo 65.1 de la LRBRL?

3.- ¿Tiene pensado el Gobierno ejercer la facultad reconocida en el artículo 66 de la LRBRL, en virtud del cual la Administración del Estado podrá impugnar el acto o acuerdo de una Corporación Local que infrinja el ordenamiento jurídico, en caso de que esta última rechace el previo requerimiento?

4.- ¿Va a solicitar el Gobierno, en el ejercicio de las competencias reconocidas, igualmente, en el artículo 66 y 67 de la LRBRL, la suspensión de los acuerdos adoptados por la Corporación Local de Alcázar de San Juan, anteriormente mencionados en el expositivo?

5.- ¿Va el Gobierno a instar a la Fiscalía General del Estado que promueva las actuaciones pertinentes con el fin de esclarecer si la actuación del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan es susceptible de constituir una infracción penal tipificado en los artículos 404 y siguientes del CP?

6.- ¿Está cumpliendo el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan con las obligaciones de proporcionar a la Administración General del Estado la información sobre sus actos y acuerdos impuestas por el artículo 56 y 64 de la LRBRL?