SEGÚN INFORMA LA PLATAFORMA DE BOMBEROS DE EMERGENCIAS DE CIUDAD REAL

La Delegación del Gobierno pide al Consorcio del SCIS que anule la oferta de empleo público

Las bases de la convocatoria de Empleo Público no se ajustan a la Ley General de Presupuestos, según afirma en una nota de prensa la Plataforma de Bomberos de Emergencias de Ciudad Real. Por lo que "el consorcio del Servicio Contra Incendios y Salvamento (SCIS) debe anular la convocatoria en el plazo de un mes".

La Delegación de Gobierno de Castilla-La Mancha ha emitido un escrito requiriendo al consorcio del Servicio Contra Incendios y Salvamento (SCIS) la anulación de las bases y de la convocatoria de la Oferta de Empleo Público, aprobada en 2015, por existir irregularidades con respecto a la Ley General de Presupuestos.


Principalmente, las bases no están sujetas a lo ordenado por dicha ley en lo que se refiere a la tasa de
reposición de efectivos, ofertando más plazas de las permitidas legalmente.

Desde que se aprobaron las bases de la OEP, varios grupos políticos han protestado por la ejecución y
el contenido de las mismas en la Asamblea General del Consorcio. En julio de 2016, el sindicato CSI-F puso en conocimiento de la Delegación de Gobierno las anomalías en la convocatoria de Empleo Público, concluyendo con su anulación el pasado mes de marzo.

BOMBEROS EN LUCHA


El escrito de la Delegación de Gobierno refuerza a la Plataforma de Bomberos de Emergencias de
Ciudad Real, que denuncian desde hace años tratos discriminatorios por parte del consorcio. La convocatoria de la OEP-2015 ofertaba únicamente las 37 plazas correspondientes a los integrantes de la Plataforma, poniendo en riesgo sus puestos de trabajo tras más de veinte años de experiencia.

Desde la Plataforma alegan que el servicio contra incendios de la provincia necesita consolidar la
situación laboral de toda la plantilla (150 bomberos indefinidos) sin ocasionar despidos, y cubrir las
necesidades de personal que algunos parques tienen con nuevas incorporaciones. Exigen, además, el cese de los tratos discriminatorios y transparencia en las acciones llevadas a cabo desde la dirección del Consorcio.