Una iniciativa que se va a poner en marcha este mismo mes de septiembre
El Gobierno de C-LM lanza un ambicioso proyecto para prevenir la ludopatía en relación con los juegos de azar
02 de septiembre de 2024 (18:56 h.)
El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha explicado que es una iniciativa que consta de dos medidas: una parte de formación dirigida a los profesionales de la educación para que intervengan desde las aulas en la prevención de problemas con el juego de azar; y otra, una campaña informativa en los medios de comunicación.
Ruiz Molina ha detallado que esta actividad se pone en marcha en colaboración con la Consejería de Educación, Cultura y Deportes y “viene a reforzar” la acción que desde el Ejecutivo autonómico se viene desarrollando desde el año 2021, con la aprobación de la Ley de Régimen Administrativo y Fiscal del Juego en Castilla-La Mancha y la creación del Observatorio del Juego Responsable.
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha lanzado un ambicioso proyecto orientado a sensibilizar y concienciar sobre los riesgos asociados a la práctica inadecuada del juego de azar, con un enfoque especial en la prevención de la ludopatía que en esta ocasión se centra en la población más joven. Así lo ha anunciado el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, en la rueda de prensa que ha ofrecido este lunes en Toledo, en la que ha informado de esta nueva iniciativa que se va a poner en marcha este mismo mes de septiembre, coincidiendo con el inicio del curso escolar.
En la presentación ha estado acompañado por la directora general de Tributos y Ordenación del Juego, Susana Pastor; la directora general de Inclusión Educativa y Programas, María Ángeles Marchante y el responsable de la acción formativa, el Dr. Juan Francisco Navas.
Ruiz Molina ha indicado que es una iniciativa, avalada por el Observatorio del Juego Responsable, que se ha desarrollado en dos fases. La primera de ellas incluye un programa piloto de formación que se ha desarrollado en colaboración con la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, con el objetivo de dotar a los docentes de las herramientas necesarias para identificar y prevenir posibles adicciones al juego de azar entre los jóvenes.
El proyecto, que arranca este mismo mes de septiembre y que va a continuar hasta marzo de 2025, se ha dirigido a los profesionales de la orientación y docentes que ejercen la figura de coordinadores de bienestar y protección del alumnado en los centros, por su “cercanía con el alumnado”, y poder, “aprender las habilidades prácticas necesarias para tratar de trasladar esos conocimientos en los centros escolares, y que los jóvenes comprendan los riesgos y responsabilidades que supone para su vida una práctica inadecuada del juego”, ha manifestado.
Ruiz Molina también ha explicado cual es el contenido de la formación que incluye entender: qué es el juego del azar, los tipos y modalidad que existen y sus características estructurales; los procesos psicológicos implicados en su práctica; los trastornos y sus síntomas o la metodología de prevención ante una situación de riesgo, y ha reiterado la necesidad de que esa formación se dirija a la población joven, “nos vamos a centrar desde luego en esta experiencia piloto en la población adolescente, que son los que tienen mayor riesgo de desarrollar problemas con el juegos”, ya que en “Castilla-La Mancha el 55 por ciento de la población juega, y un 15 por ciento que lo hace es menor de 35 años”, ha explicado.
La segunda de las actuaciones ha explicado Ruiz Molina, “consiste en una campaña informativa sobre juego responsable, que se va a difundir en medios de comunicación y que se va a reforzar con la colocación de carteles en soportes exteriores, como marquesinas y algunos elementos del mobiliario urbano”, como mecanismo de refuerzo de un juego seguro y responsable.
Iniciativa enmarcada en la nueva Ley de Régimen Administrativo y Fiscal del Juego
El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital ha explicado que este nuevo proyecto se enmarca en la nueva Ley de Régimen Administrativo y Fiscal del Juego en Castilla-La Mancha, aprobada en 2021, y que “responde al compromiso del presidente García-Page con la ciudadanía ante el crecimiento del sector del juego privado en la región y las crecientes preocupaciones sobre los riesgos asociados”.
Una ley que, como ha recordado el consejero, pone especial énfasis en la prevención, estableciendo requisitos como la distancia mínima de 300 metros entre los establecimientos de juego y los colegios, así como 150 metros entre los propios locales de juego. Y que, a su vez, fomenta el juego responsable, implicando al resto de departamentos de la administración regional en la “sensibilización y concienciación” sobre las consecuencias de una práctica inadecuada, especialmente relacionada con la ludopatía.
Dos nuevas iniciativas que como ha concluido Juan Alfonso Ruiz Molina, “refuerzan la acción desarrollada por el Observatorio del Juego Responsable” y se suman al Decreto de Planificación del Juego que se aprobó el pasado mes de diciembre, que establecía la suspensión de nuevas autorizaciones de instalación de establecimientos de juego o casas de apuestas hasta 2027; así como la limitación a 100 del número de nuevas licencias de máquinas tragaperras en los locales de hostelería.
Financiación autonómica
A preguntas de los periodistas, el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, sobre financiación, ha señalado que tanto el concierto para el País Vasco como el convenio con Navarra están amparados por la Constitución, mientras que establecer un mecanismo como el que se quiere aprobar para Cataluña pone de manifiesto “privilegios” para una comunidad en detrimento del resto de las de Régimen Común y para el Estado. Según algunos cálculos, ha expresado, el Estado dispondría de unos 30.000 millones de euros menos para ejercer políticas que le corresponden en cuanto a la redistribución de la renta y a la cohesión territorial.
Del mismo modo, Ruiz Molina ha manifestado que con el modelo de “concierto” va a resultar que Cataluña, en la negociación que haga con el Estado en cuanto su aportación a la solidaridad, va a “definir cuál es la financiación que debemos tener el resto de las comunidades autónomas”. En este punto, ha lamentado que la financiación en vez de discutirse en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera sea el resultado de esta “negociación bilateral” entre Cataluña y el Estado. El consejero ha expuesto que en la financiación se establecen dos límites que ahora va a definir la comunidad catalana, como es que todas las comunidades tenemos que realizar el mismo esfuerzo fiscal o el de la ordinalidad, por el cual las comunidades con mayor capacidad económica deben tener mayores derechos en la prestación de servicios públicos fundamentales.
En la presentación ha estado acompañado por la directora general de Tributos y Ordenación del Juego, Susana Pastor; la directora general de Inclusión Educativa y Programas, María Ángeles Marchante y el responsable de la acción formativa, el Dr. Juan Francisco Navas.
Ruiz Molina ha indicado que es una iniciativa, avalada por el Observatorio del Juego Responsable, que se ha desarrollado en dos fases. La primera de ellas incluye un programa piloto de formación que se ha desarrollado en colaboración con la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, con el objetivo de dotar a los docentes de las herramientas necesarias para identificar y prevenir posibles adicciones al juego de azar entre los jóvenes.
El proyecto, que arranca este mismo mes de septiembre y que va a continuar hasta marzo de 2025, se ha dirigido a los profesionales de la orientación y docentes que ejercen la figura de coordinadores de bienestar y protección del alumnado en los centros, por su “cercanía con el alumnado”, y poder, “aprender las habilidades prácticas necesarias para tratar de trasladar esos conocimientos en los centros escolares, y que los jóvenes comprendan los riesgos y responsabilidades que supone para su vida una práctica inadecuada del juego”, ha manifestado.
Ruiz Molina también ha explicado cual es el contenido de la formación que incluye entender: qué es el juego del azar, los tipos y modalidad que existen y sus características estructurales; los procesos psicológicos implicados en su práctica; los trastornos y sus síntomas o la metodología de prevención ante una situación de riesgo, y ha reiterado la necesidad de que esa formación se dirija a la población joven, “nos vamos a centrar desde luego en esta experiencia piloto en la población adolescente, que son los que tienen mayor riesgo de desarrollar problemas con el juegos”, ya que en “Castilla-La Mancha el 55 por ciento de la población juega, y un 15 por ciento que lo hace es menor de 35 años”, ha explicado.
La segunda de las actuaciones ha explicado Ruiz Molina, “consiste en una campaña informativa sobre juego responsable, que se va a difundir en medios de comunicación y que se va a reforzar con la colocación de carteles en soportes exteriores, como marquesinas y algunos elementos del mobiliario urbano”, como mecanismo de refuerzo de un juego seguro y responsable.
Iniciativa enmarcada en la nueva Ley de Régimen Administrativo y Fiscal del Juego
El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital ha explicado que este nuevo proyecto se enmarca en la nueva Ley de Régimen Administrativo y Fiscal del Juego en Castilla-La Mancha, aprobada en 2021, y que “responde al compromiso del presidente García-Page con la ciudadanía ante el crecimiento del sector del juego privado en la región y las crecientes preocupaciones sobre los riesgos asociados”.
Una ley que, como ha recordado el consejero, pone especial énfasis en la prevención, estableciendo requisitos como la distancia mínima de 300 metros entre los establecimientos de juego y los colegios, así como 150 metros entre los propios locales de juego. Y que, a su vez, fomenta el juego responsable, implicando al resto de departamentos de la administración regional en la “sensibilización y concienciación” sobre las consecuencias de una práctica inadecuada, especialmente relacionada con la ludopatía.
Dos nuevas iniciativas que como ha concluido Juan Alfonso Ruiz Molina, “refuerzan la acción desarrollada por el Observatorio del Juego Responsable” y se suman al Decreto de Planificación del Juego que se aprobó el pasado mes de diciembre, que establecía la suspensión de nuevas autorizaciones de instalación de establecimientos de juego o casas de apuestas hasta 2027; así como la limitación a 100 del número de nuevas licencias de máquinas tragaperras en los locales de hostelería.
Financiación autonómica
A preguntas de los periodistas, el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, sobre financiación, ha señalado que tanto el concierto para el País Vasco como el convenio con Navarra están amparados por la Constitución, mientras que establecer un mecanismo como el que se quiere aprobar para Cataluña pone de manifiesto “privilegios” para una comunidad en detrimento del resto de las de Régimen Común y para el Estado. Según algunos cálculos, ha expresado, el Estado dispondría de unos 30.000 millones de euros menos para ejercer políticas que le corresponden en cuanto a la redistribución de la renta y a la cohesión territorial.
Del mismo modo, Ruiz Molina ha manifestado que con el modelo de “concierto” va a resultar que Cataluña, en la negociación que haga con el Estado en cuanto su aportación a la solidaridad, va a “definir cuál es la financiación que debemos tener el resto de las comunidades autónomas”. En este punto, ha lamentado que la financiación en vez de discutirse en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera sea el resultado de esta “negociación bilateral” entre Cataluña y el Estado. El consejero ha expuesto que en la financiación se establecen dos límites que ahora va a definir la comunidad catalana, como es que todas las comunidades tenemos que realizar el mismo esfuerzo fiscal o el de la ordinalidad, por el cual las comunidades con mayor capacidad económica deben tener mayores derechos en la prestación de servicios públicos fundamentales.