Desarticulada una organización dedicada a la fabricación y venta de vino y alcohol adulterados
El delegado del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, Francisco Tierraseca, acompañado por el teniente coronel jefe de la Comandancia de Ciudad Real, Juan Antonio Valle, y por el delegado provincial de Ciudad Real de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, Javier Martín-Pérez, ha dado a conocer la operación Isolu en la que funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y agentes de la Guardia Civil, en el marco de una operación conjunta dirigida por el Juzgado de Instrucción número 2 de Tomelloso, han desarticulado en Castilla-La Mancha una organización dedicada a la fabricación y comercialización de mosto, vino y alcoholes adulterados. Fruto de las actuaciones se ha procedido a la detención de los dos presuntos cabecillas de la trama, junto con cuatro colaboradores, así como a la imputación de otros 27 miembros, por los delitos de organización criminal, relativos al mercado y a los consumidores, contrabando, falsedad contable y documental, estafa y blanqueo de capitales.
Tierraseca ha reseñado que operaciones como ésta “son de vital importancia porque con este tipo de conductas ilícitas se perjudica gravemente a todos aquellos bodegueros y empresarios, el 99 por ciento, que hacen bien las cosas, y se actúa además contra el daño que se le hace al prestigio del producto, sea vino, brandy u otro”.
El delegado ha defendido, al tiempo, que “impedir este tipo de conductas es trabajar por los intereses de los que trabajan honestamente y dan imagen a nuestra tierra. Es un reconocimiento hacia ellos y su trabajo, es velar para que todos compitan en igualdad de costes y por tanto condiciones”.
La operación Isolu arranca en septiembre de 2018, cuando Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Castilla-La Mancha y efectivos de Policía Judicial y Seprona de Guardia Civil en Ciudad Real comienzan a investigar las prácticas comerciales de varias empresas de la región, que estaban introduciendo materias primas para la elaboración de vinos y aguardientes que no se correspondían con las habituales. En concreto, en lugar de mosto utilizaban la isoglucosa (jarabe de maíz y de otros productos, llegando incluso a utilizar mandioca) para fabricar el vino, y alcohol procedente de cereales (frente al alcohol vínico) para la elaboración de aguardientes y brandy.
El esquema del fraude
De acuerdo con el resultado de las investigaciones, la organización estaba dirigida por varios empresarios del sector que utilizaban una compleja trama de personas y sociedades interpuestas, compuesta por más de 60 personas jurídicas, entre empresas reales, instrumentales y patrimoniales, en España, Holanda, Austria, Bélgica, Francia, Moldavia y Rusia.
La organización utilizaba esta compleja estructura para una doble operativa. En el caso de la isoglucosa, se transportaba directamente desde empresas productoras o almacenistas de Holanda y Bélgica hasta las bodegas españolas, documentando la venta a través de varias sociedades instrumentales nacionales y extranjeras que cambiaban la naturaleza del producto en sus facturas y ocultaban la identidad de los autores del fraude. Cuando se recibía la isoglucosa, se rebajaba y se fermentaba o se concentraba mezclada con productos vínicos. Este uso de la isoglucosa estaba destinado a abaratar costes y no para aumentar el grado alcohólico de forma artificial, llegando incluso la trama a disponer de laboratorios propios.
En el caso del alcohol, los responsables de la organización compraban el alcohol rectificado en depósitos fiscales de Rotterdam (Holanda), donde lo rebajaban y lo mezclaban para obtener resultados isotópicos compatibles con el vino. A continuación, enviaban el producto hasta una fábrica de alcohol vínico colaboradora, donde se le añadían congéneres (químicos naturales) de vino, o se simulaba su envejecimiento para perfeccionar la adulteración como aguardiente o brandy. Todo ello también se facturaba a través de varias sociedades instrumentales con la misma finalidad de ocultación.
Detenciones y registros
Tras completar la fase de investigación, los pasados 24 y 26 de junio se procedió a la fase de explotación, con la entrada y registro por orden judicial en 11 establecimientos, incluyendo domicilios fiscales de las empresas afectadas, y domicilios particulares en localidades de Ciudad Real, Toledo y Madrid.
Con el apoyo de las unidades de auditoría informática (UAI) de la Agencia Tributaria se procedió a la recogida de numerosa documentación en soporte informático, además de documentos en papel y muestras de productos, así como a la intervención de nueve vehículos de lujo y dinero en efectivo.
Durante los registros se procedió también a la detención y puesta a disposición judicial de los dos presuntos jefes de la organización, colaboradores, testaferros instrumentales y otras personas conocedoras de la dinámica del fraude. Asimismo hay que destacar que durante uno de los registros se localizaron de forma casual, cuatro armas de fuego ilegales, dos armas de avancarga, un revolver y una pistola automática.
Un beneficio a costa del consumidor y la competencia
En contra de los intereses generales, del mercado y de las reglas de la Política Agrícola Común (PAC), la organización actuaba en el mercado mayorista aumentando la oferta con los productos adulterados, bajando los precios, limitando la competencia y obteniendo un gran beneficio.
El coste de la isoglucosa es, aproximadamente, la mitad que el del mosto concentrado, y el del alcohol rectificado de productos no vínicos resulta hasta cuatro veces más barato que el aguardiente de vino.
Así, los beneficios del fraude, calculados a partir de las diferencias entre los precios medios de las distintas materias primas, se estiman en más de 78 millones de euros. Medido en términos de importaciones y exportaciones fraudulentas, el fraude se estima en 97 millones de euros.