El Ayuntamiento de Alcázar de San Juan solicitará a la Consejería de Bienestar Social que se instale en el municipio uno de los tres equipos técnicos de valoración de la discapacidad existentes en la provincia, al considerar que esta ciudad, desde el punto de vista asistencial, presta servicio a una comarca donde residen más de 200.000 personas, quienes actualmente, cuando presentan alguna discapacidad, tienen que desplazarse obligatoriamente como mínimo hasta Ciudad Real o Toledo (es decir, unos 100 kilómetros) para ser valorados y acceder, en consecuencia, a las prestaciones o servicios a las que tienen derecho.
Así lo ha acordado esta tarde por unanimidad el Pleno Municipal, a partir de una moción presentada por el grupo Equo, quien, en su argumentario, ha recordado que Alcázar de San Juan, además de dar cobertura sanitaria a una población de más de 200.000 habitantes; es una ciudad de más de 30.000 habitantes, referente en servicios sociales y asistenciales; donde trabajan muchas asociaciones y colectivos relacionados con la atención a las personas.
Patricia Benito, concejala de Servicios Sociales, ha recordado que no fue el PSOE quien dispuso las ubicaciones de los equipos técnicos de valoración; y ha indicado que “no se puede obligar a los profesionales que trabajan actualmente en esos equipos a que se vengan a Alcázar de San Juan”. Aún así, ha justificado el voto a favor del Equipo de Gobierno, recordando que “esta moción no es nada nuevo para este Equipo de Gobierno, pues llevamos trabajando en este tema desde el principio de legislatura”, ha dicho.
Por su parte, Maribel Ramos, de IU, ha justificado su voto a favor, añadiendo que además la instalación de uno de estos equipos en Alcázar de San Juan supondría también la generación de nuevos puestos de trabajo estables y de calidad; además de evitarse los inconvenientes, tanto laborales (para los acompañantes), como económicos y físicos que conllevan los desplazamientos hasta Ciudad Real de una persona con discapacidad.
Diego Ortega, en nombre del Grupo Popular, ha señalado que “en materia de discapacidad, aunque hemos avanzado mucho en Alcázar y somos una ciudad referente, donde contamos con muchos recursos, queda mucho por hacer”; y ha recordado que el gobierno del PP de la anterior legislatura sumó a esa lista de recursos la Unidad de Estancias Cortas para Enfermos de Salud Mental del Hospital Mancha Centro. A lo que Benito le ha contestado que “la salud mental no tiene nada que ver con la discapacidad”.
Para finalizar este punto, la alcaldesa, Rosa Melchor, ha recordado a Ortega que precisamente fue su Equipo de Gobierno el que “privatizó el Centro de Urgencias para Mujeres Maltratadas”. “Así que no venga usted ahora a darnos lecciones de lo que tenemos que hacer, cuando usted no lo hizo en los cuatro años que estuvo gobernando”, ha recomendado.
ENCUESTA DE AGUAS
Otro asunto visto en el Pleno ha sido la encuesta telefónica que la empresa Aguas de Alcázar está haciendo en el municipio “para conocer el grado de satisfacción” de los usuarios. Asunto que se ha tratado en el apartado de Ruegos y Preguntas y en el correspondiente a la intervención del público, al contestar la alcaldesa tanto al grupo Equo como al portavoz de la Plataforma del Agua sobre diversas preguntas. La primera edil ha aclarado que ni ella ni el Equipo de Gobierno tenían conocimiento de esta encuesta hasta que no empezó a realizarse; y dos días después, en un Consejo de Administración de la propia Aguas de Alcázar, conocieron, por las explicaciones del gerente, que se estaba haciendo por decisión del propio gerente, quien a su vez decidió los ítems y demás detalles de la consulta.
El concejal de Ciclo Hidráulico ha reiterado, al igual que la alcaldesa, que al conocer esa información se mostraron totalmente contrarios a la encuesta y fue paralizada, pues el Equipo de Gobierno socialista también considera que es una consulta “tendenciosa y manipuladora”. Melchor ha insistido en que ella ni el concejal tenían conocimiento, ni fueron informados en ningún órgano de representación; aunque al mismo tiempo ha recordado que el Ayuntamiento tiene un 48,2% de la sociedad, frente al 58,8 de Aqualia, “lo que limita en gran medida la capacidad de decisión”, ha recordado.
OTROS ASUNTOS
Desde el punto de vista económico, el Pleno ha aprobado, con los votos a favor de PSOE y la abstención de los tres grupos de la oposición, diversos reconocimientos de créditos extrajudiciales, para poder abonar facturas pendientes del año pasado y del actual. Entre ellas, 2.700 euros para el alquiler a Adif del local de la fonda; algo más de un millón para facturas del propio Ayuntamiento; algo más de 33.000 euros para gastos del Patronato Municipal de Cultura; y 23.519, del Instituto Municipal de Deportes.
