Con los votos a favor de PSOE, Equo, IU y Ciudadanos; los votos en contra de PP y Vox; y el aplauso final de la alcaldesa y la mayoría de concejales, el Pleno de Alcázar de San Juan aprobó ayer el inicio del procedimiento de liquidación del contrato administrativo para la gestión indirecta de la prestación del servicio del ciclo hidráulico, en virtud de la declaración de nulidad de acuerdo de pleno del ayuntamiento de fecha 24 de julio de 2014, por el que se acordó la adjudicación y selección del socio privado FCC Aqualia SA.
De esta forma, tal y como explicó la alcaldesa, Rosa Melchor, se inicia el procedimiento administrativo para recuperar la empresa de Aguas y convertirla de nuevo en una sociedad cien por cien pública, “después de ser vendida hace algo más de seis años, por cuestión puramente ideológica y sin causa objetiva”. Decisión de reversión, también política, tal y como subrayó la primera edil, "que ha sido posible gracias a los errores cometidos en el proceso por el Gobierno PP-CXA, principalmente en el Pleno de verano de 2014 en el que se acordó la adjudicación". Errores que han supuesto por sentencia, primero del TSJCLM; y después del Tribunal Supremo, la nulidad de dicho acuerdo de adjudicación y por tanto del contrato, obligando a las partes a restituir la situación anterior.
Después de distintos litigios, de años de movilizaciones en la calle y de reivindicaciones en favor del agua 100% pública, se inicia así el procedimiento para liquidar el contrato con el socio privado Aqualia, abonarle el saldo resultante y devolverle la garantía, unos 5,5 millones de euros, según los cálculos del actual Equipo de Gobierno, quien para ello ha suscrito dos operaciones de crédito en condiciones más ventajosas que el préstamo que en su día concedió la propia mercantil al Ayuntamiento (cuyos intereses, al 4%, según informó en varias ocasiones el concejal Gonzalo Redondo durante la sesión, han sido superiores al millón de euros).
A lo largo de la sesión volvieron a escucharse los mismos argumentos, respecto a la operación con Aqualia y sobre la remunicipalización de la empresa de Aguas, que durante todos estos años han pronunciado los distintos grupos de la Corporación. Socialistas, grupos de izquierdas y ahora Ciudadanos, a favor de la gestión cien por cien pública del agua y del servicio, considerando que la operación financiera realizada para sufragar el coste de la remunicipalización es asumible y la recuperación de la gestión del servicio, ventajosa para el municipio y rentable para la administración; y PP y Vox, en contra de la reversión, alegando que la empresa de Aguas se encontraba en situación de quiebra y la venta de acciones a un socio privado era la única forma de reflotarla.
“Lo hicieron mal desde el principio, la operación fue una gran mentira del PP y de Montealegre, que comenzó en diciembre de 2012 con una campaña de acoso y derribo sin precedentes hacia el anterior alcalde socialista José Fernando Sánchez Bódalo, a quien deberían pedir perdón pues quisieron meterlo en la cárcel acusándolo de prevaricación, tráfico de influencias, malversación y otros cargos de los que, después de años, en 2017 resultó absuelto… Operación que siguió en abril de 2013, en Junta Local de Gobierno, cuando cambiaron ustedes la deuda a largo plazo que entonces tenía Aguas de Alcázar con el Ayuntamiento, a deuda a corto plazo, induciendo de esta forma una quiebra ficticia para tener coartada y sustentar esa querella al anterior alcalde… Y claro, toda esa operación y lo que de ella se ha derivado nos va a costar dinero. Nos costó ya unos 200.000 euros en abogados y la amortización de un préstamo de 6,5 millones al 4% suscrito con Aqualia, cuando en 2014 en Euribor estaba al 0,55%... Todo ello sustentado en el odio al rival político, con el único deseo de arruinarle la vida a Sánchez Bódalo… Para un mes después de la venta en septiembre de 2014, en octubre, ya con el socio privado, reconocer todas las facturas en favor de la empresa que antes no habían reconocido y así devolver la solvencia a una empresa que siempre ha sido rentable”, explicó Redondo.
Diego Ortega, por su parte, volvió a insistir en que la única solución para hacer viable entonces la empresa de Aguas era la venta de acciones a un socio privado, pues, con un patrimonio neto negativo, se encontraba objetivamente en situación de quiebra técnica, con una deuda de más de 8 millones que la hacían inviable cuando el PP llegó en 2011 al Ayuntamiento, “pues se usaba como empresa de construcción para intereses ocultos”. “La Ley de Sostenibilidad marcaba el plazo de un año para dar viabilidad a la empresa y si no había que disolverla con el riesgo que ello suponía para el servicio y para la plantilla. Por eso, la única solución era encontrar un socio privado”. Una decisión política que el portavoz popular, según manifestó en el Pleno, “volvería a realizar pensando en el bien común y a pesar de los insultos, amenazas y agresiones que he recibido”.
La alcaldesa, Rosa Melchor, matizó que Aguas de Alcázar "nunca fue ni será una empresa constructora". Recordó que su principal objeto es el saneamiento y distribución de agua potable en el municipio; y explicó que la intención de su Gobierno es recuperarla para que siga prestando ese servicio, "cien por cien público y como sociedad rentable en favor del pueblo, que es quien debe ser su único propietario", comprometiéndose a poner al frente de la misma a un gerente formado y técnicamente capaz y a mantener la plantilla, que seguirá siendo la misma y dependiendo del mismo CIF. “Hoy es un día para felicitarnos y reconocer el éxito de todo un pueblo, el éxito de la Democracia y el cumplimiento del compromiso que desde el principio hemos tenido desde el grupo socialista”, señaló.
Éxito compartido que Melchor quiso agradecer a todas las personas que se han implicado y participado de una manera u otra en la lucha por recuperar la gestión de Aguas cien por cien pública, a los grupos políticos IU, Equo y actualmente a Ciudadanos (a favor de gestionar los recursos desde la cercanía y cumplir en todo momento lo que decida la mayoría, en este caso la gestión pública del agua), así como a la Plataforma del Agua y a los miles de hombres y mujeres que salieron a la calle, se manifestaron e incluso firmaron en favor de la remunicipalización.
En el mismo Pleno extraordinario quedó aprobado definitivamente el Presupuesto del ayuntamiento para 2021, cifrado en 39 millones de euros, tras desestimar las alegaciones presentadas al mismo por UGT y CSIF; y se dió cuenta igualmente del recurso de reposición presentado por Gestnova Tecnic CM, SL sobre la extinción de la concesión administrativa del edificio del Convento de Santa Clara.
