Desde el SOV de Alcázar de San Juan queremos denunciar públicamente la grave situación que se está produciendo en algunas residencias de mayores de la provincia, según las informaciones llegadas de los trabajadores.
A las ya conocidas condiciones en las que se encontraban nuestros mayores en algunas residencias, consecuencia directa del modelo de negocio en el sector (falta de personal y medios en pro de la máxima ganancia en un mercado asegurado por la creciente población anciana) se suman, para agravar lo anterior, las penosas condiciones de los trabajadores de las residencias.
A 30 de marzo habían muerto en las residencias de mayores de Castilla-La Mancha 236 ancianos, siendo innumerables los ancianos y trabajadoras de residencias afectados por el COVID-19. En contra de la mínima ética y decencia y por ende de la legislación excepcional establecida para frenar la pandemia, algunas empresas están procediendo al despido de trabajadoras de residencias de ancianos infectadas por coronavirus.
En lugar de proceder según lo establecido en el Real Decreto-ley 6/2020, artículo quinto (“se considerarán, con carácter excepcional, situación asimilada a accidente de trabajo, exclusivamente para la prestación económica de incapacidad temporal del sistema de Seguridad Social, aquellos periodos de aislamiento o contagio de las personas trabajadoras provocado por el virus COVID-19”) y contraviniendo los decretos posteriores y la legislación laboral básica, estas empresas están echando a la calle a las trabajadoras que se enfrentan, en primera línea y en las peores condiciones, a la pandemia.
Si las condiciones de trabajo antes de la pandemia eran penosas (salarios miserables, falta de medios, sobrecarga de trabajo, turnicidad, carencia de medidas de seguridad, etc.), ahora se han vuelto lamentables y mortalmente peligrosas. En lugar de aumentar los recursos y proteger a las trabajadoras para mejor atender a los usuarios, las empresas optan por desatender a los usuarios, maltratar y exponer a las trabajadoras para garantizar la rentabilidad de su negocio.
El resultado está a la vista de todos: Al menos 3.600 mayores muertos en las tétricas residencias de toda España (236 en Castilla-La Mancha), un sinnúmero de usuarios y trabajadores afectados por el COVID-19, y un recrudecimiento de las prácticas empresariales más sórdidas en aras de la rentabilidad.
No queremos terminar sin referirnos a la responsabilidad última de todas las administraciones del Estado (local, regional y nacional) que, externalizando servicios, dando concesiones y regando con generosas subvenciones a muchos de estos grupos empresariales, se han desentendido de las condiciones de vida de nuestros mayores en las residencias y de los trabajadores y trabajadoras que los cuidan
Hacemos un llamamiento a todas las trabajadoras del sector a no dejar pasar estas prácticas patronales claramente abusivas, y a organizarse para defenderse de ellas y defender sus derechos, que son los de todos. Desde CGT Sindicato de Oficios Varios de Alcázar de San Juan tomaremos todas las medidas que sean necesarias para llevar ante los tribunales a aquellas empresas que atenten contra la seguridad y salud de sus trabajadores y de los usuarios de los servicios asistenciales que están siendo víctimas de esa negligente y homicida actuación.
Saludos libertarios.
