¿No será porque no seamos persistentes, conocedores de lo que con tanta insistencia desde hace varios años venimos reivindicando?. Cuanto más profundizamos y más conocimiento tenemos de las personas que padecen estas enfermedades y lo que supone para ellas y sus familias, más nos hace seguir luchando hasta convencer a quienes tienen la solución en sus manos, que son los poderes públicos locales, provinciales y regionales de nuestra Comunidad Autónoma.
El fondo de por qué no atienden estas demandas puede estar en que ellos no ven la necesidad de hacer inversiones en recursos para atender a este colectivo, porque les es poco rentable electoralmente (ya que la mayoría no votan) y, aunque sean conocedores del problema, lo reducen, aún a sabiendas de que lo que planteamos es necesario. Hace 30 años de la reforma psiquiátrica que cerró los manicomios con dos objetivos principales: Uno, desinstitucionalizar a los pacientes, llevándolos a su medio social y familiar. Dos, acercar los recursos al paciente y no al revés. Desde entonces, la alternativa en recursos para atender dignamente a este colectivo no acaba de llegar y los problemas lejos de reducirse, aumentan en nuestra región, en España y en el resto del mundo, por el sistema económico que impera y el modo de vida que llevamos o nos hacen llevar.
Según datos de la Federación Nacional de Salud Mental en España, hay más de 1 millón de personas con enfermedades mentales graves, de las cuales más de un 30% están sin diagnosticar porque muchas personas, que padecen estas enfermedades, se niegan a reconocer su estado por el estigma de rechazo social y laboral que plantea. Esto hace que siga siendo un tema tabú en muchas familias, lo que dificulta que estas personas entren en la Red de atención sanitaria. Los servicios de salud mental de los hospitales de referencia, no cuentan con los medios para poder llegar a los domicilios a través de que se ponga en su conocimiento estas situaciones, a no ser que haya que recurrir a ingresos involuntarios en situaciones de crisis agudas, a través de los protocolos establecidos y de las guías de abordaje.
En CLM hay más de 50.000 personas con enfermedades mentales graves y en el área de salud Mancha Centro más de 5.000. En Alcázar puede haber más de 800 personas, de las cuales más de 250 no están tratadas en la red pública, y seguro que más de 100 tampoco en la privada, porque no se tiene conocimiento de ello y los servicios sanitarios no tienen mecanismos para detectarlos, a no ser por personas allegadas a estas, que lo pongan en conocimiento de los servicios sanitarios de S.M.
A esta situación hay que añadir que más del 40 % de estas personas dependen de familiares de más de 65 años, con rentas inferiores a los 1.000 € en más del 80% de los casos, dándose la circunstancia que si la persona con enfermedad mental grave no tiene reconocida la incapacidad, no tiene derecho a prestaciones económicas, con lo que se dan casos de familias de 3 personas que tienen que salir adelante con menos de 800 € al mes, en otros casos, con los 700 del padre o la madre viuda y con viviendas, en algunos casos, en mal estado, sin calefacción e instalaciones muy deterioradas.
A lo anterior hay que añadir el proceso de aislamiento social y familiar, cuando estas situaciones se prolongan en el tiempo, donde estas personas tienden a aislarse, primero de los amigos y compañeros, de vecinos, e incluso de familiares. Esto no solo concierne a ello/as, pues los padres mayores también caen en ese aislamiento, entregándose en cuerpo y alma a esos hijos, negándose, aún necesitándolo, a ingresar en residencias geriátricas por no dejar a sus hijos/as, marido o mujer solos, amparándose en otros hijos si los tienen y, además, en el mismo lugar de residencia, o si no a través de los servicios de ayuda a domicilio. Esto altera en muchos casos a todo el núcleo familiar en sentido amplio si lo hay, y si no lo hay, se entra en un ciclo mucho más serio y grave como es la exclusión social cuando no hay una referencia familiar clara y cercana.
En esos casos se acentúa y se echa en falta la escasez de recursos y ayudas institucionales, como Residencias Comunitarias con fines terapéuticos de recuperación, las viviendas supervisadas, las unidades de media estancia, los planes asertivos comunitarios, etc, y la integración socio laboral, bajo planes de empleo protegido, centros especiales de empleo, centros ocupacionales y otras experiencias más avanzadas que se están poniendo en práctica en otros países y en las grandes ciudades.
Ya la reforma psiquiátrica lo planteaba y ahora lo hacen otros modelos de intervención, tal como avalan numerosos estudios e investigaciones, donde no es conveniente el derivar a estas personas lejos de su hábitat natural, la intervención en los tratamientos de familiares y personas vinculadas a ellos, y otra relación profesionales-pacientes.
Todo eso es lo que viene reivindicando nuestra asociación desde hace muchos años, como recursos imprescindibles para mejorar la calidad de vida de estas personas. A esto, el gobierno regional responde que el problema lo exageramos y que la cosa no es tan grave, y que la solución está en OPTIMIZAR RECURSOS, menos dinero para este colectivo hablando claro, y trasladar a estos enfermos, si necesitan una plaza residencial, donde las haya libres, aunque éstas estén a más de 100 km de su domicilio habitual, lo contrario de lo que recomiendan los profesionales sanitarios en S. Mental y lo que recomendaba el modelo comunitario de la reforma psiquiátrica.
Cuando esto no se aborda como es debido, a las familias les queda, la que puede, buscar una solución privada, que en la mayoría de los casos no está a su alcance. No todas las familias están en condiciones de llevar a los suyos a una Residencia como la Vereda, donde aparte de la pensión (si la tiene) la persona afectada, y las ayudas sociales, además la familia tenga que aportar 1.000 € mensuales, por lo tanto ya estamos ante un problema no solamente de salud, sino económico, que quien tiene dinero lo soluciona, y el que no los tiene se tiene que aguantar como puede, y a eso el Gobierno Regional no da soluciones (que haberlas, las hay) porque para ellos no es una prioridad política y social a pesar que digan que para ellos lo primero son las personas.
El no atender lo aquí planteado de una forma digna y coherente, lleva a situaciones de aislamiento, marginación, exclusión social, en algunos casos a caer en adicciones que empeoran la situación de vulnerabilidad, y, en otros casos, en el suicidio que, todavía en nuestros días, se tienden a ocultar. amparándose en la confidencialidad.
En España hay más de 4.000 suicidios al año, el 85% de personas que padecen enfermedades mentales, más que muertes en carretera y aquí nadie dice nada porque no interesa, bajo el manto de respeto personal y confidencial. En Clm puede que haya más de 200 suicidios al año, y en nuestra Área sanitaria Mancha Centro unos 25 o 30, en Alcázar puede que más de 8 o 10 en el último año, y por lo menos 6 muertes súbitas, que pueden haberse producido por la toma prolongada de fármacos muy fuertes durante muchos años de tratamiento.
El Gobierno Regional puede seguir negando la mayor, pero el problema está ahí, y lejos de ir a menos, por desgracia va a más, esperemos que por el bien de las personas que padecen estas enfermedades, terminen lo antes posible la Residencia y doten de un Plan Asertivo Comunitario esta área sanitaria, y de todos aquellos recursos que sean necesarios para mejorar su calidad de vida. La Asociación Luz de la Mancha lo vamos a seguir pidiendo las veces que haga falta para que a través de modificaciones de créditos de la Consejería de Sanidad se solucione el problema.