Cuando se cumplen 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en todo el mundo, 3 de cada 10 personas, equivalente a 2100 millones, carecen de acceso a agua potable y disponible en el hogar; 6 de cada 10, o 4500 millones, carecen de un saneamiento seguro, según un nuevo informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de UNICEF.
El agua potable, el saneamiento eficaz y la higiene son fundamentales para la salud de cada niño y cada comunidad, y por lo tanto son esenciales para construir sociedades más fuertes, más saludables y más equitativas.
Todas las personas, por el hecho de serlo, deben disponer de un ‘mínimo vital’ de agua, en cantidad suficiente para satisfacer sus necesidades básicas y poder llevar así una vida digna independientemente de su capacidad económica. Esta exigencia, que debería ser la regla general a seguir por los gestores de lo público, a menudo se ha transformado en en todo lo contrario.
El agua es un monopolio natural, un bien común ajeno a las reglas del mercado. El acceso agua, interpretado desde una óptica de derechos humanos, es un derecho innegociable cuya aplicación tiene que hacerse efectiva sin discriminación de ningún tipo y menos por razones económicas.
El 28 de julio de 2010, a través de la Resolución 64/292, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando que un agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos.
Los movimientos sociales europeos y las organizaciones de la sociedad civil han reivindicado, a través de la Iniciativa Ciudadana Europea Por el derecho al agua y al saneamiento como un derecho humano (ICE-Agua), que el agua sea un derecho humano y que se gestione como un servicio público y no como una mercancía.
En 2015 el Relator Especial sobre el derecho humano al agua potable y el saneamiento, Léo Heller, presentó un informe a la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el que ofrecía un marco de derechos humanos para el agua, el saneamiento y la higiene.
En España los ayuntamientos son los responsables de la prestación de los servicios de abastecimiento urbano, de alcantarillado y de saneamiento de las aguas residuales. Hoy los servicios municipales se prestan directamente o a través de una empresa pública (35%) o a través de concesiones a una sociedad mixta público-privada (22%), a través de concesiona a empresas privadas (33%) y a través de los servicios municipales (10%).
El pasado mes de noviembre en la Jornada sobre el derecho humano al agua, organizada por AEOPAS, EMASESA y el Instituto de Estudios de la Tierra, se plantearon unas reformas mínimas y urgentes para revertir los cambios que el anterior gobierno introdujo a través de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que limitaron la autonomía municipal y que han afectado a la prestación de los servicios municipales del agua; entre otras:
-Que se reconozca el acceso a los servicios básicos del agua potable y de saneamiento como un derecho humano y un mínimo vital para todos.
-Que se fortalezcan las capacidades municipales ante los retos que implica la gestión de estos servicios, en perspectiva del cambio climático.
-Que se establezcan fórmulas para asegurar la financiación fomentando la coherencia y cooperación entre administraciones.
-Que se asegure que las tarifas reviertan al 100% en cubrir costes del servicio y que sirvan para sostener las inversiones precisas en redes y saneamiento.
-Que se mejore y regule la Participación Ciudadana como una oportunidad de garantizar la sostenibilidad y un uso justo y seguro del recurso hídrico.
-Que se regule el canon concesional, se mejore el procedimiento para adjudicar compras y contrataciones de manera que no se pueda producir la adjudicación directa a empresas vinculadas al concesionario; y limitar el tiempo de los contratos de concesión de forma que los Ayuntamientos puedan ejercer un control efectivo sobre el servicio.
En Alcázar de San Juan, como en muchos otros lugares de nuestro país y del resto del mundo, estamos siendo testigos de cómo las políticas neoliberales amparadas por las leyes aprobadas por la Unión Europea y el gobierno de la Nación, favorecen los procesos privatizadores del agua.
Desde la Plataforma contra la privatización del Agua de Alcázar, conociendo las características del proceso privatizador de la empresa municipal Aguas de Alcázar llevado a cabo por el gobierno municipal del Partido Popular y Ciudadanos por Alcázar, con la multinacional Aqualia, seguiremos trabajando para revertir la gestión del agua, porque el agua no puede ser un negocio, sabiendo que la mejor manera de hacer realidad el derecho humano al agua pasa por una gestión pública, participada y transparente,
Plataforma contra la privatización del Agua de Alcázar
