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el semanal
Martes, 6 de agosto de 2019

Gobierno regional y central acuerdan financiar el abastecimiento de los municipios ribereños, su representación en la Comisión de Explotación del trasvase y la creación de una comisión bilateral

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El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se ha reunido este martes en Toledo con la ministra para la Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera. Un encuentro “muy satisfactorio” en palabras del jefe del Ejecutivo autonómico, en el que se ha acordado financiar el abastecimiento de los municipios ribereños, su representación en la Comisión de Explotación del trasvase y la creación de una comisión bilateral.

 

Así, ambos gobiernos han alcanzado un compromiso institucional y político para que los municipios ribereños se incorporen a la Comisión de Explotación del Acueducto Tajo-Segura. Se tratará de una incorporación “real y efectiva” de manera que tengan "una voz útil y eficaz" en defensa de los intereses hídricos de la región. Un compromiso que cambiará la situación actual, donde solo la Mancomunidad de los Canales del Taibilla tiene representación, “y es lo mínimo, pues si la tiene la cuenca receptora, debe tenerla la cedente”, ha reclamado el presidente.

 

Por otro lado, García-Page ha avanzado hoy la intención del Gobierno central de financiar el programa definitivo de abastecimiento a la población de todos los pueblos de Entrepeñas y Buendía con un  fondo mínimo de 24 millones de euros “ampliable en función de las necesidades”, que deberá ser trasladado a los Presupuestos Generales del Estado.

 

Se trata, ha añadido, de ponerle “cifra, foto y contenido” a un problema que se viene arrastrando “y que supone la foto del despropósito de la gestión del agua en España en décadas”, ya que los mismos pueblos que ven cómo su agua se va a otra zona del país, están obligados a ser abastecidos por cisternas en verano. Por ello, “vamos a ponernos este mismo otoño manos a la obra para establecer los mecanismos operativos suficientes como para que ese dinero sea gastado para resolver este problema”, ha garantizado García-Page.

 

Asimismo, el jefe del Ejecutivo regional ha anunciado la convocatoria de una reunión especial de la Comisión Bilateral entre el Gobierno de España y el de Castilla-La Mancha “para discutir sobre la posibilidad de que esta comisión, y un grupo de trabajo específico que vamos a crear, ponga en común las necesidades de esta región con las siete demarcaciones hidrográficas con las que nos relacionamos”, especialmente las del Júcar, Guadiana y Tajo.

 

Ampliar la capacidad de desalación

 

Por otro lado, García-Page ha subrayado que estamos ante un “escenario de transición” en el modelo de gestión del agua, cuyo objetivo es un “notable” desdoblamiento y ampliación de la capacidad de desalación en el conjunto España y particularmente en el Levante.

 

“Preferimos discutir y negociar en una mesa con la tutela y decisión que corresponde al Gobierno antes que cualquier conflicto”, ha asegurado el presidente regional, pero resulta evidente que los avances en estrategias alternativas y el cambio climático “hacen pensar en un escenario de aumento de la desalación para deshipotecar la cuenca del Tajo”. En este sentido, ha confirmado la “coincidencia” que existe entre ambos gobiernos para duplicar la capacidad de desalación, como ya anunciase el presidente Pedro Sánchez durante el encuentro que ambos dirigentes mantuvieron en La Moncloa en octubre del pasado año.

 

En último lugar, García-Page ha asegurado que con la ministra Ribera “coincidimos en el fondo, pero seguimos manteniendo distancia en el cómo y cuándo se pueden plantear algunas decisiones”, y ha incidido en la necesidad de que se fijen nuevos caudales ecológicos tras las últimas sentencias de los tribunales ganadas por la región. “Existe voluntad de entendimiento y acercamiento a este respecto”, ha señalado.

 

“Nos vamos a terminar entendiendo en todo, es un problema de tiempos”, ha añadido, y para ello resulta “importantísimo” que existan elementos de referencia institucional “que permitan hablar no del corto plazo que se ha instalado en España, sino del medio y largo plazo”, un objetivo que requiere de “normalidad y serenidad institucional”, ha finalizado.

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