En declaraciones a El Semanal, Ortega ha asegurado que se encuentra tranquilo, “pues esas facturas y todos los pasos que se dieron se hicieron conforme a la legalidad”. Aunque no ha querido contar nada de su declaración ante el fiscal, ni de las facturas en cuestión, ha explicado que ayer le fue entregada la documentación que la semana pasada requirió al Ayuntamiento, por lo que finalmente ha podido conocer los detalles del expediente antes de pronunciarse ante el fiscal. Ahora, tal y como ha apuntado, sólo cabe esperar que las diligencias sigan su trámite y que el fiscal decida si los hechos son o no constitutivos de delito, es decir, si se archiva el caso o finalmente se enjuicia.
Cabe recordar que la declaración de Ortega como investigado ante la Fiscalía es consecuencia del pago de diversas facturas a la empresa mixta de Aguas de Alcázar (formada actualmente por Aqualia y el Ayuntamiento) por trabajos de mantenimiento en edificios municipales y de alcantarillado en diferentes períodos de 2013 y 2014, al parecer con informe desfavorable de la Intervención municipal y con un informe de los Servicios Técnicos en el que se dice no tener constancia de la ejecución de los trabajos por carecer de soporte documental. Facturas que en conjunto suman algo más de 870.000 euros.
Según ha podido averiguar este medio de comunicación, la Fiscalía ha actuado a partir de un informe del Interventor en el que se ponen de manifiesto varias irregularidades, entre ellas que la deuda abonada a la empresa mixta, mediante el pago de esas facturas, se contrajo con Aguas de Alcázar cuando era una empresa 100% pública; y que esas facturas no figuraban como un derecho reconocido en el expediente del cambio de modelo de gestión. Irregularidades que el Ayuntamiento ha denunciado, según ha asegurado la alcaldesa, Rosa Melchor, esta mañana, en una entrevista concedida al programa “Castilla-La Mancha despierta” de la televisión autonómica, “con la intención de esclarecer si el abono de facturas no reconocidas era una práctica habitual” en la anterior legislatura.
Para ello, la propia Fiscalía provincial ha requerido al Ayuntamiento de Alcázar la documentación relativa al registro de contabilidad de esas facturas; el informe del arquitecto municipal relativo al pago de las mismas; el informe del interventor municipal acordando oponer reparos a su pago; el decreto o actas de la Alcaldía en el que se acuerde levantar los reparos opuestos por la Intervención al pago de las facturas; y las actas de los plenos en los que se dio cuenta de dichos reparos.
