La alcaldesa alcazareña volvió a explicar en la SER las mejoras que ha sido necesario realizar en el edificio que albergará nuevamente el laboratorio de análisis del vino (Enológica) tras cuatro años de cierre. Obras necesarias para acondicionar la instalación y ponerla al día con la normativa vigente en asuntos como accesibilidad, instalación eléctrica o prevención de incendios. Los trabajos estarán terminados en un par de semanas y comenzará a dotarse de maquinaria y equipamiento las instalaciones –gracias al convenio suscrito con la Junta de Comunidades- así como a realizarse la selección de personal. Todo estará listo para que “un símbolo de Alcázar vuelva a prestar servicio la próxima primavera”.
También respondió la primera edil a las preguntas relativas al abono de las pagas extras que les fueron retiradas a los empleados públicos y a los últimos datos del desempleo. En cuanto a la primera cuestión, Melchor explicó que resta un 25% de la paga extra que retiró Rajoy por pagar, después que a finales de 2016 se abonara otra parte y que, aunque no aparece contemplado en los presupuestos de 2017 –como tampoco aparecía en los de 2016- la intención del equipo de Gobierno es finalizar los pagos dentro del año en curso.
Sobre el descenso generalizado de las cifras de desempleo, la alcaldesa valoró que “se está creando, poco a poco, empleo estable”, ya que los últimos datos muestran un descenso en Alcázar de San Juan “que no está ligado a los Planes de Empleo”. Desde el Consistorio se apuesta por apoyar y facilitar la creación e instalación de nuevas empresas y seguir dando cobertura a las personas más afectadas por la crisis mediante planes de empleo y formación para la inserción en el mercado laboral. Otra importante apuesta para movilizar la economía de la localidad será el turismo.
Sobre la investigación que está llevando a cabo la Fiscalía Provincial, en relación a unas facturas por valor de 900.000 euros que podrían haberse pagado “indebidamente” a Aguas de Alcázar por la anterior corporación municipal, con Diego Ortega a la cabeza. La alcaldesa explicó que este organismo judicial ha considerado que “hay sospechas” de un posible delito de prevaricación y malversación de fondos públicos, ya que las mismas facturas “que sirvieron para provocar la quiebra técnica de Aguas, al no ser reconocidas por el anterior equipo de Gobierno; se admitieron a trámite después que Aqualia se hiciera cargo de la gestión del servicio”. El asunto está en manos de la justicia, que ha abierto diligencias pre-procesales, y la primera edil recordó a Ortega que, años atrás, fue él quien pidió la dimisión de Sánchez-Bódalo tras conocerse su imputación en el caso CCM. “Si entonces consideró que el ser investigado, como ahora lo está siendo él, era motivo suficiente para dimitir; ¿no lo es ahora para él?”.
