La aprobación definitiva del presupuesto, contemplada en el punto 10 del orden del día junto a la resolución de cinco alegaciones, no llegó a producirse tras la negativa de Equo y PP a desestimar una de esas alegaciones, concretamente la presentada por UGT en relación a los complementos salariales de una trabajadora de la antigua Fundación Municipal. Decisión que, según explicó el interventor, impide la aprobación definitiva de los presupuestos, al suponer la modificación del capítulo 1 de Personal (masa salarial), “pues sería ilegal hacerlo y comenzar con déficit inicial”.
La alcaldesa interrumpió la votación de alegaciones y del presupuesto y dejó el asunto sobre la mesa, “para no dar curso a un trámite ilegal, por la ocurrencia de un grupo municipal y de veinte personas en asamblea”. Según explicó, la Ley de Haciendas Locales prohíbe aprobar un presupuesto desnivelado, que es lo que ocurriría de admitir a trámite la mencionada alegación, por lo que, según anunció, esta misma mañana firmará el decreto para que se prorroguen los presupuestos de 2016.
El portavoz de Equo, Juan Garrido, insistió en que, a pesar del compromiso del Equipo de Gobierno, su grupo no tiene “la certeza” de que se haya enviado al Consejo Consultivo de Castilla La Mancha el expediente para la remunicipalización de Aguas (para que el Consejo se pronuncie sobre la anulación del Pleno que inició el cambio de modelo de gestión). Dictamen que, para los miembros de Equo, es muy importante, pues supone el punto de partida del proceso efectivo de remunicipalización, ya que, según el compromiso alcanzado con la alcaldesa, los trámites para que Aguas de Alcázar vuelva a ser una empresa de capital 100% público se iniciarán en el mes posterior a su recepción (el Consejo deberá pronunciarse en un plazo de tres meses desde la recepción del expediente).
Gonzalo Redondo, portavoz del PSOE, explicó que el 9 de diciembre se remitieron los primeros informes al Consejo Consultivo y los días 11, 12 del mismo mes la documentación complementaria; y mostró los números de registro de la salida de dichos documentos facilitados por la Secretaría Municipal.
A pesar de comunicar su intención de voto negativo, con respecto a la aprobación de presupuestos, Juan Garrido –portavoz de Equo- expuso que se grupo tendría en cuenta los informes técnicos sobre la desestimación de las alegaciones. En ningún momento se esperaba que aceptaran admitir a trámite la alegación citada, de la que tan sólo dijo que “las cuestiones relativas a temas laborales hay que negociarlas y esto nos tiene que servir para ir mejorando”.
Tras interrumpir la votación, la alcaldesa de Alcázar adelantó que prorrogará los presupuestos de 2016 para no bloquear la actividad del Ayuntamiento en tanto se aprueban los nuevos, “no podemos esperar a ver si 20 personas de la asamblea de Equo tienen otra ocurrencia y vuelven a paralizar los presupuestos de 2017”. También aseguró que, en ningún momento, se esperaba este voto del grupo de Equo y el que hayan “puesto en duda” los informes realizados por técnicos municipales “cargándose” la negociación colectiva con los sindicatos y unos presupuestos con partidas “para ayudar a las personas” relacionadas con las políticas activas de empleo, los fondos de cooperación al desarrollo, las ayudas y becas a escolares, escuelas deportivas o colectivos de la localidad. Igualmente insistió en que el equipo de Gobierno “está cumpliendo todos los compromisos reclamados por Equo para abstenerse en la aprobación de presupuestos y se reiteró en s “firme compromiso” personal por la remunicipalización de Aguas de Alcázar, contemplada en el programa electoral de su partido.
OTROS ASUNTOS
En otro orden, el Pleno aprobó otros asuntos de manera unánime, como la modificación de los estatutos del Consorcio con la UNED, la moción de Unidos Podemos –asumida por Equo- para combatir la pobreza energética o el reconocimiento de la deuda pendiente del Ayuntamiento de Alcázar con la EATIM de Cinco Casas. Cuestión esta última que la concejala encargada de las relaciones con esta población, Amparo Bremard, aseguró que “no era necesario traer a Pleno”, ya que se hubiera hecho igualmente de haberse solicitado por los cauces habituales.
En este punto, el alcalde de la EATIM, Miguel Ángel Rosado, aseguró que el Ayuntamiento debe a Cinco Casas (en concepto de devolución de impuestos) 435.106,20 euros y explicó que su Ayuntamiento atraviesa una difícil situación económica y no puede afrontar el pago a proveedores y otros gastos por falta de liquidez. Situación que el grupo municipal del PP reflejó en una moción, que finalmente fue aprobada con el voto favorable de todos los grupos, para que el gobierno alcazareño detalle en un informe el dinero que adeuda a Cinco Casas, los pagos que ya le ha realizado y establezca un calendario de pagos. Asunto que la concejal Amparo Bremard contestó enumerando las cantidades que el Ayuntamiento ha abonado a Cinco Casas en los últimos años, en los que, según relató, se han pagado 130.000 euros, en 2013: 248.000, en 2014; 180.000, en 2015; y 316.862, en 2016, la cifra más alta recibida por la Eatim desde que se constituyó como entidad menor independiente, según la edil socialista.
También salió adelante - con la abstención del PP- el contrato del servicio de limpieza de edificios municipales, del que se hará cargo la empresa Ferrovial, por un importe de 935.000 euros anuales, por debajo del precio de licitación, lo que supondrá un ahorro de 30.000 euros para las arcas municipales.
Igualmente se aprobó la moción sobre educación presentada por Equo, con los votos en contra del PSOE, y la moción popular sobre la implantación de consultas de apoyo de primer impacto e incorporación de terapias complementarias para los enfermos oncológicos, en esta ocasión con los votos favorables de PP y PSOE y la abstención del grupo municipal de Equo.
En cuanto a la aprobación de la Ordenanza de la ORA (zona azul) quedó sobre la mesa tras aprobarse la alegación presentada por Equo al respecto de la gratuidad del aparcamiento en caso que se realicen obras en municipios próximos a estas zonas de estacionamiento. Antes de aprobar la ordenanza deberá estudiarse la forma de poder incorporar esta modificación sin cambiar el contrato con la empresa gestora, ya que según la nueva legislación no puede modificarse un contrato público “ni siquiera por el acuerdo de las partes para solucionar conflictos”, explicó Bremard.
